El conocido como caso Corredor arranca en la jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con las escuchas telefónicas por medio de las cuales la fiscalía quiere demostrar los delitos de estafa y falsificación de documentos. Está previsto que se alargue hasta el 29 de este mes.

La trama tiene que ver con una serie de estafas atribuidas al abogado y empresario lagunero Evaristo González Reyes, junto con otras ocho personas más. El caso alcanzó una importante repercusión mediática por que en su momento salieron a la luz las escuchas telefónicas del entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, luego anuladas y al que se le acusaba de favorecer a ciertos empresarios de la noche en detrimento de otros.

De hecho, gran parte de la vista que se inició ewste viernes se centrará en analizar medio centenar de grabaciones con las que la Fiscalía pretende demostrar sus acusaciones de delitos de estafa y falsificación de documentos privados.

González, por su parte, mantiene que estas conversaciones están sacadas de contexto y llevan a conclusiones equivocadas.

Consciente de la importancia que se otorga a estas pruebas, en la primera jornada del juicio, que quedó luego suspendido por una frustrada recusación al tribunal, González intentó demostrar la ilegalidad de las escuchas como mejor forma de desactivar toda la trama. Sin embargo, el Ministerio Público defiende la legalidad del auto original que en 2010 dio vía libre a las grabaciones que serán analizadas en la vista, pese a que este desapareció y por lo tanto tuvo que ser reconstruido.

Para ello se utilizó el que estaba en poder de la Fiscalía, el que apareció en el sistema informático Atlante y el remitido a las compañías telefónicas. Al cotejarlos fue posible comprobar que eran idénticos. Para el Ministerio Público fue necesario interceptar las llamadas para investigar una trama de supuesta corrupción, tráfico de influencias y cohecho.

Aunque en un principio llegaron a estar imputadas medio centenar de personas, lo cierto es que, finalmente, la causa se centra en nueve procesados, a los que se les atribuye la comisión de estafas y aportación de testigos falsos, al anularse las escuchas que afectaban a los políticos y caer las sospechas más relacionadas con la corrupción.

Por lo pronto, lo que se enjuiciará en próximos días tiene que ver con la supuesta apropiación de 5.000 metros cuadrados donde se levanta una gran superficie en Aguere que se utilizó para pedir un crédito poniéndolos como aval y de unas piezas de marfil y joyas. Otra acusación apunta al reintegro de un billete de ida y vuelta a Atenas con un parte médico falsificado, cuyo importe ni siquiera reclama la agencia de viajes.

Por todo ello, la Fiscalía solicita al principal encausado 16 años de cárcel, que suman treinta contando a los nueve imputados.