Maite Pozo, abogada de Juana Rivas, anunció ayer que agotarán "todos los mecanismos" que prevé la legislación para evitar su ingreso en prisión y que pueda ser privada además del ejercicio de la patria potestad de sus hijos, que es "lo que más preocupa" a esta vecina de Maracena (Granada). Las declaraciones de la letrada defensora se producen después de que la Audiencia de Granada confirmara la condena a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores tras permanecer en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre.

"Lo que más preocupa a Juana sería no poder estar con sus hijos", declaró Pozo, que recordó que el hecho de que la sentencia de la Audiencia todavía no sea firme implica que el ingreso en prisión de Rivas "no se va a producir de forma inminente".

Entre los mecanismos legales se encuentran el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el de amparo ante el Constitucional, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o solicitar el indulto al Gobierno, como ya anunciaron en un primer momento ayer a través de un comunicado y que tendría que tramitarse a partir de la firmeza de la sentencia y su ejecución.

El Gobierno dice que resolverá la petición de indulto, cuando proceda, con normalidad

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que la petición de indulto que planteará la defensa de Juana Rivas se resolverá "cuando corresponda" y "con criterios de absoluta normalidad", como cualquier otra petición de indulto que se realice en tiempo y forma. El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, dijo que "lamenta mucho" la situación de Rivas, después de que la Audiencia de Granada confirmara la pena de cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos.