El secuestro y asesinato del empresario tinerfeño Raimundo Toledo se saldó con penas para sus responsables que suman 67 años de prisión y el pago de indemnizaciones por valor de 166.500 euros. El que sale peor parado es Alexánder R.R., a quien se le imponen 30 años de cárcel, de los que 5 son por detención ilegal, 20 por asesinato, 3 por el uso de violencia y un año y nueve meses por causar incendio en el coche del empresario

La Audiencia Provincial impuso a la compañera sentimental y pareja del sobrino de la víctima, Sandra P.R., otros cinco por detención ilegal, 20 por asesinato y un año y nueve meses por incendio, lo que suma casi 27 años. Y por último al cómplice de ambos, Diego Claudio G.G. le corresponderían cinco por detención ilegal y otro tanto por utilización ilegítima de un vehículo. Alexánder y Sandra se ven obligados a afrontar una indemnización de 112.000 euros a la esposa del fallecido, 13.000 euros a cada uno de sus tres hijos y 15.510 a la empresa propiedad del empresario.

El fallo que no es firme y puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se basa en el veredicto emitido hace algunas semanas por un jurado popular. Los miembros del Tribunal consideraron por unanimidad que, en mayor o menor grado, todos ellos eran culpables de estos delitos que tienen su origen en la detención ilegal y asesinato del empresario tinerfeño que tuvo lugar a finales de diciembre de 2015. Tras escuchar la decisión del Tribunal, las acusaciones particulares y la Fiscalía solicitaron 22 años de cárcel a la pareja por el delito de asesinato, cinco por detención ilegal, tres por el robo del vehículo propiedad de Toledo en el que fue secuestrado y su posterior incendio. Esta petición de penas coincide bastante con las finalmente impuestas. Hasta el último momento, Alexánder y Sandra aseguraron que eran inocentes de los cargos que se le imputaban y deslizaron que el verdadero artífice de esta trama fue el sobrino, Carlos Toledo. Sin embargo, lo cierto es que de las declaraciones de los testigos y policías e informes periciales se desprendió un relato bastante cerrado de lo que ocurrió aquella tarde y quienes, en principio, fueron sus responsables. En el esclarecimiento del caso resultó fundamental el seguimiento que se hizo a los móviles de los tres y que dejaran un coche a nombre de Sandra frente a la casa del empresario con las puertas y ventanas abiertas, las llaves puestas y un móvil de Diego Claudio dentro. Los forenses certificaron que la víctima murió a causa de los fuertes golpes que recibió. Después, el vehículo y el cadáver de la víctima fueron lanzados por una ladera del mirador de La Centinela.