La Policía Nacional destapó en diecisiete provincias de nueve comunidades autónomas un fraude a la Seguridad Social que asciende a cerca de 19 millones de euros, en una operación en la que fueron detenidas 59 personas, la mayoría responsables de empresas pantalla que eludían el pago de deudas a la Tesorería.

Según la Dirección General de la Policía Nacional, en la operación Galatea los agentes practicaron actuaciones en Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2018, tras recibir varias denuncias. Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio. Los 59 detenidos son, principalmente, los administradores de hecho de las sociedades, pero también sus testaferros -algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros.

A todos ellos se les imputan delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida.

En Madrid, por ejemplo, la Policía destapó un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban.

Así, tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal. Elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial, recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo Internacional situado en Madrid, el cual hacía de unión entre todas las mercantiles. El director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de estos, ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar. En el 2017 dos empresas pantalla recibieron 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada desde 2011 asciende a 4.204.739,33 euros.

Antecedentes

El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. En León se detuvo al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la "explotación de canteras", así como a sus testaferros, que no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el 2009.