El Tribunal Supremo (TS) reconoce ya a unos 300 clientes de time sharing en el Sur de Tenerife el derecho a cobrar cerca de ocho millones de euros. Pero lo cierto es que hasta ahora solo se han podido materializar a través de embargos pagos por apenas 150.000 euros.
Canarian Legal Alliance es uno de los bufetes que se ha encargado de defender a cientos de clientes, la mayoría de ellos ingleses, que se han sentido engañados. La letrada de este grupo, Eva María Gutiérrez, indica que estamos ante "la triste herencia de John Palmer", el fallecido empresario inglés que instauró un sistema para estafar por medio de esta modalidad de tiempo compartido y cuyos socios han sido juzgados recientemente por la Audiencia Nacional (AN). La abogada matiza que "no hemos hallado tanto un vínculo entre estos empresarios y las compañías condenadas ahora como una estrategia común", instaurada y diseñada por Palmer.
En estos momentos las empresas, Silverpoint Vacations y Resort Propertiesm han emprendido otra estrategia judicial que pasa por reclamar ante el TS el derecho a consultar al Tribunal Europeo el contenido de estas sentencias y más concretamente, a que se aclare la figura de "adquiriente".