Un hombre que abrió una empresa fantasma que vendió falsos contratos a extranjeros para regularizar su situación en España y su abogado se han acusado este lunes mutuamente de urdir una trama que defraudó 177.300 euros a la Seguridad Social y por la que ambos se enfrentan ahora a posibles condenas de cinco años de cárcel.

La Fiscalía responsabiliza a los dos de una serie de operaciones por las que se dejaron de abonar 1,44 millones de euros en cuotas de cotización de hasta 233 personas que llegaron a emplear entre 2008 y 2012 en Gran Canaria, causando además a la Seguridad Social otros gastos por subsidios que cobraron varios de sus falsos trabajadores.

En la primera jornada del juicio que se celebra por estos hechos ante la Audiencia de Las Palmas, el titular de la empresa, Juan Gregorio M.A., ha explicado que comenzó a hacer esos contratos cuando se quedó sin trabajo y un conocido le pidió que le diera de alta como empleado suyo a cambio de dinero.

Esa proposición le permitió descubrir, conforme a su relato, una forma de obtener dinero se había quedado sin ingresos al decaer la ocupación en el sector de reparaciones en alojamientos turísticos.

Y se dedicó a ella, sobre todo, cuando le presentaron al abogado y acusado por estos mismos hechos Miguel Ángel G.T., ya que fue este quien se ocupó de los trámites precisos para formalizar los contratos de sus falsos empleados, ha añadido.

Por su parte, este letrado ha asegurado que tramitó esos contratos sin saber las actividades ilícitas de su cliente y suponiendo que realmente tenía una empresa en que aquellos prestaban servicios, en contra de la versión del otro imputado.

Puesto que Juan Gregorio M.A. ha sostenido que fue el abogado el que le propuso ponerse al frente a una falsa sociedad como forma de obtener ingresos.

Una invitación "para yo poder ganar dinero y él también", ha resumido el fingido empresario, que ha insistido en todo momento en que actuó movido por la invitación de su presunto cómplice y por la urgencia de buscar cómo costear heroína porque era adicto.

Como ejemplo de ello, ha aludido a que el abogado le instó a que "se diera de alta en no sé qué para poder tener más de cinco trabajadores" cuando se le ha preguntado por un momento en que, al aumentar el volumen de candidatos a contratar, la empresa se inscribió en un sistema específico de la Seguridad Social.

De ese modo, ha querido ahondar en la tesis de que todo el tiempo que duró la trama, hasta ser desactivada por intervención de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en 2012, su proceder estuvo determinado por su afán de comprar drogas y las indicaciones del letrado.

Porque "la droga puede más que yo", ha sentenciado, apuntando que ni siquiera recordaba a cuánta gente se dio de alta tras autorizarlo él con su firma, respondiendo, al preguntarle al respecto: "si le digo, le engaño".

Su versión, que ha respaldado su abogado defensor señalando en reiteradas ocasiones que su cliente es un toxicómano, ha sido rechazada tajantemente por el abogado que tramitó sus contratos, que ha respondido a sus palabras "lo que ha declarado no es cierto".

Así, el también acusado ha expuesto que dio de alta a los supuestos empleados del otro imputado convencido de que "sí eran trabajadores que trabajaban con él".

Aunque lo cierto es que, en realidad, el domicilio social de su presunta empresa resultó ser un inmueble vacío de un edificio de apartamentos de la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria que además estaba en obras y donde no respondía nadie.

Lo único relacionado con el acusado que se halló en el lugar fueron "cartas tiradas por el suelo" a su nombre que nunca había ido a recoger, ha referido uno de varios agentes de la Policía Nacional que han declarado como testigos al haber investigado el caso.

Un asunto que se seguirá juzgando mañana, en una jornada en la que se interrogará a más testigos sobre el proceder de ambos hombres y de una tercera acusada en la causa, la secretaria del abogado, Dairy Magaly R.D..

Según la Policía, esta mujer que colaboró en los presuntos hechos delictivos de los dos procesados a sabiendas de lo que hacía.

Sin embargo, tanto Miguel Ángel G.T. como Juan Gregorio M.A. han negado que ella tuviera responsabilidad alguna en lo ocurrido.