Tres exdirectivos de la cooperativa ganadera de El Hierro fueron juzgados ayer al considerarlos la Fiscalía autores de administración desleal y apropiación indebida, con perjuicios a la entidad por 78.000 euros.

Por este último cargo se pide un año de cárcel al expresidente y el pago de 2.000 euros y dos años a los demás, a parte de exigir al exgerente el abono de 35.200 euros y a la excontable de 24.500. Por administración desleal se solicitan 2''3 años de cárcel a cada uno o el pago de 150.000 euros, sustituibles por un año de cárcel o de trabajos a favor de la comunidad. La responsabilidad civil se cifra en 78.000 euros.

La Fiscalía tuvo en cuenta que el expresidente ha devuelto la mayor parte del dinero presuntamente sustraído, por lo que solo le pide 2.000 euros. El Ministerio Público solicitaba inicialmente 21 años de cárcel, que se reducen ahora a un máximo de 12. La vista tuvo lugar ayer en El Hierro, a donde se desplazó la Sección V de la Audiencia Provincial. En el juicio se relató como, según la Fiscalía, los tres acusados, "de común acuerdo, prevaliéndose de sus cargos y en base a un concierto entre ellos, desde 2010 a 2014 crearon una Caja B", con la que incluyeron fondos en su beneficio, omitiendo procedimientos de control y supervisión. Ocurrió, por ejemplo, en la concesión de créditos hasta el punto de poner en riesgo a la entidad mercantil; otorgamiento de préstamos sin documentar y emisión de informes "sesgados". La Fiscalía los acusa de llevar a cabo de forma arbitraria la contabilidad de existencias o la regularización de clientes morosos, entre otros. El fiscal refleja las operaciones que llevó a cabo cada acusado, pero con el conocimiento de todos. Al expresidente se le atribuye ejecutar transferencias por valor más de 121.000 euros y generar deudas por 59.500 euros. En marzo de 2015 una asamblea extraordinaria acordó su cese como presidente al considerarlo responsable del perjuicio patrimonial a la Cooperativa por valor de 181.000 euros.

Pagos en efectivo no declarados a Hacienda

De los 181.000 euros, cuando la Fiscalía elaboró sus conclusiones provisionales ya había devuelto 156.000, por lo que ahora solo restaría por devolver 2.000 euros. Al exgerente se le acusa de aprovecharse de un préstamo concedido en 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la instalación de una fábrica de yogurt. En concreto, procedió a encargar para su actividad privada como apicultor diverso material por 11.500 euros, que supuestamente incorporó a su patrimonio. La Fiscalía también le atribuye recibir pagos en efectivo no declarados ni a la Seguridad Social ni a Hacienda Pública por casi 24.000 euros. De esta cifra puso a favor de su hijo casi 10.000, aunque luego fue él quien los retiró personalmente. La excontable está acusada de recibir abonos en efectivo no contabilizados ni declarados por casi 24.500 euros cuya devolución se reclama ahora.