El presunto autor de las quemaduras que sufrió una mujer de Los Llanos de Aridane en más del 50% de su cuerpo el pasado mes de agosto ha pedido que se le conceda la libertad alegando que padece una grave enfermedad. La solicitud ha sido rechazada por la Audiencia Provincial desde donde se reafirma la orden de prisión comunicada y sin fianza como supuesto responsable de un delito intentado de homicidio.

El acusado, sin embargo, apela a la "desproporcionalidad" de la medida acordada al mantener que no existe riesgo de fuga. Y ello es así en cuanto que considera demostrado su arraigo en la isla de La Palma, donde nació y reside toda su familia. Recuerda que unos meses antes de los hechos estaba trabajando, pero que lo tuvo que dejar debido a una enfermedad que se le ha diagnosticado y de la que está siendo tratado en un centro hospitalario de Tenerife.

En la actualidad recibe un salario de 500 euros y por lo tanto, "sería ilógico que se intentara sustraer a la acción de la Justicia, máxime teniendo en cuenta su estado de salud y absoluta colaboración desde el primer momento". En concreto, recuerda que accedió al registro voluntario de su domicilio y prestó declaración en sede policial y judicial.

El imputado reconoció que "a veces perdía los papeles cuando consumía alcohol", pero acto seguido indica que la víctima también bebía. Su último antecedente policial data de 2007 y se debió igualmente a un presunto caso de maltrato a la misma mujer, con la que llevaba conviviendo más de 30 años. En aquella ocasión se procedió al sobreseimiento provisional y al archivo de las actuaciones. En su escrito apuntaba que en vez de mantenerlo en prisión podían adoptarse otras medidas para evitar que se acercara a su compañera, tales como órdenes de alejamiento, incluso por medios electrónicos. Argumentos, todos ellos, que son rechazados por la Audiencia debido a la gravedad de la pena que implicaría que efectivamente es el autor de los delitos y que podrían sumar los quince años.

A finales de agosto de 2018 el recurrente fue detenido acusado de rociar con alcohol a su esposa, prendiéndole luego fuego, por lo que ésta tuvo que permanecer durante varios meses interna en el Hospital General de La Palma.

La puesta en libertad del acusado supondría, a juicio de la Audiencia, "un evidente riesgo para la integridad física y psicológica de la víctima e incluso de reiteración delictiva". Hasta el punto de que la propia policía calificó de "altas" las posibilidades de que se produjera otra agresión. Tampoco se consideró probado que existiera el arraigo que alegó y que en cualquier caso este factor no protege a la mujer.