Las investigaciones desarrolladas por el equipo de la Policía Judicial de Ourense apuntan a un móvil económico, supuestamente por una herencia, como posible causa de la muerte del preso Fernando Iglesias Espiño, que no regresó a la cárcel de Pereiro de Aguiar y cuyo cadáver fue hallado ayer con signos de violencia.

La Guardia Civil apreció “circunstancias extrañas en torno a la desaparición” y abrió una investigación para esclarecer este caso, una vez que el preso no regresó a la cárcel orensana tras un permiso penitenciario el pasado mes de agosto, informaron hoy fuentes de la investigación en un comunicado.

Tras exhaustivas pesquisas, dos personas fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la denominada Operación Avaro como presuntos autoras de delito de homicidio o asesinato en concurso con un robo con violencia relacionado con la muerte de Fernando Iglesias Espiño.

En concreto, los agentes de la Policía Judicial apuntan a que su desaparición fue “forzada” y que coincidió con que el recluso había recibido una herencia de 26.000 euros.

Los investigadores consiguieron concluir que Iglesias Espiño falleció “a las pocas horas de salir de prisión” en una granja en la localidad orensana de Maside, que se da la coincidencia regentaba uno de los detenidos y en la que el preso colaboraba trabajando en sus salidas de permiso penitenciario.

Al realizar el rastreo del dinero en entidades bancarias en las provincias de Ourense, Pontevedra y en el norte de Portugal, los investigadores observaron que “15 días” antes de su desaparición alguien había retirado 15.000 euros mediante “sofisticados sistemas para la sustracción y para borrar cualquier rastro”, por lo que se inició un dispositivo de vigilancia.

A raíz de las pesquisas, los responsables de la investigación observaron "movimientos raros" en las cuentas del preso desaparecido, que concluyeron con la detención en las últimas horas de dos sospechosos con los que Iglesias Espiño habría coincidido en la cárcel de Ourense: F.G.H., de 43 años, y O.G.L., de 38.

Para la realización de los registros, los agentes utilizaron drones y detectores especiales de las Fuerzas Armadas, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense y de la Fiscalía provincial.