La joven profesora Laura Luelmo fue agredida sexualmente, según revela la autopsia, que sitúa la muerte, por la que fue detenido Bernardo Montoya, dos o tres días después de la desaparición.

Fuentes cercanas a la investigación informaron ayer a Efe de que esta es una de las conclusiones de los forenses que han practicado la autopsia, de la que también se deduce que la víctima murió a causa de un fuerte golpe en la frente. Laura Luelmo, que desapareció el pasado día 12 en El Campillo (Huelva), murió dos o tres días después de ese golpe, según el análisis de los forenses.

El detenido, un hombre de 50 años que había salido de prisión en octubre, confesó en la mañana de ayer en su declaración a la Guardia Civil que cometió el crimen.

Según ha revelado Antena 3, Montoya dijo a los investigadores que la joven le preguntó por un supermercado, la engañó y la mandó a un callejón sin salida, donde la agarró, golpeó y dejó inconsciente.

Posteriormente, según su relato, metió a Laura en el maletero del coche y la trasladó hasta el lugar donde fue localizada. Allí la desnudó e intentó violarla, pero no lo consiguió, si bien la autopsia confirma que hubo agresión sexual.

Anoche se confirmó que los investigadores encontraron restos de sangre en la casa de Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) que podrían corresponder a su víctima, Laura Luelmo, según fuentes cercanas a la investigación. Unos restos biológicos que el agresor, detenido el martes por la Guardia Civil, no pudo hacer desaparecer a pesar de haber fregado la vivienda para borrar cualquier pista.

El hallazgo de restos de sangre demostraría que Montoya, un hombre de 50 años que en octubre salió de la cárcel, llevó a su casa a la víctima, en contra de la versión que, al parecer, ofreció el presunto asesino a los agentes de la Guardia Civil.

Al parecer, Montoya también ha indicado a los agentes que estaba viva cuando la abandonó.

De todos modos, los investigadores tendrán que determinar si durante dos días -del día 12 al 14 o 15 en el que se ha fijado su muerte- la joven estuvo con vida retenida en algún lugar o si, por el contrario, fue arrojada ya muerta a la zona donde fue hallada el lunes, un lugar a varios kilómetros de la casa de El Campillo donde la víctima residía desde principios de mes para hacer una sustitución en el instituto de Nerva, un pueblo cercano.

Fuentes consultadas aseguran a Efe que una de las piezas claves para esclarecer el crimen es también el móvil de la joven, que todavía no se ha encontrado, así como el análisis del teléfono del detenido a fin de concluir el posicionamiento de ambos terminales todos esos días.

Bernardo Montoya, el autor confeso de la muerte de la joven zamorana de 26 años, abandonó ayer su vivienda después de casi una hora y media, increpado por los vecinos, que saltaron el cordón policial y le gritaron "asesino".

La llegada del detenido se producía alrededor de las 13:30 horas y su marcha poco antes de las 15:00 horas.

El asesinato de Laura Luelmo ha vuelto a agitar el debate político en torno a la prisión permanente revisable, un castigo que defienden el PP y Ciudadanos y que rechaza el resto de partidos, aunque el PSOE ha decidido esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional antes de derogarlo.

Como ocurrió tras los asesinatos del niño Gabriel o de Diana Quer, el crimen de Huelva ha resucitado una discusión que había quedado congelada en el Congreso.

El pasado marzo, con el PP en el Gobierno, el pleno de la Cámara Baja comenzó a tramitar una proposición de ley del PNV para derogar esa controvertida pena, que ha sido aplicada en cinco casos en España.

Desde la tribuna del hemiciclo, los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo, Mari Luz Cortés y familiares de Yeremi Vargas presenciaron un agrio debate en torno a una medida que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 y que fue incluida en el Código Penal finalmente en 2015 solo con apoyo del PP.

En vísperas de su entrada en vigor, la oposición en bloque recurrió ante el Constitucional la que es desde entonces la máxima pena privativa de libertad para delitos especialmente graves.

Son ocho los supuestos previstos, entre ellos el asesinato cometido junto a un delito sexual. La pena acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen ciertos requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

El PP no solo sigue defendiendo este castigo, sino que apuesta por ampliarlo a nuevos supuestos, como los casos en los que los condenados hayan intentado ocultar el cadáver o no colaboran en su hallazgo o el secuestro que acabe en asesinato.

Ciudadanos, por su parte, aboga por dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios de los reclusos condenados a prisión permanente revisable.

Aunque muchos colectivos que censuran este castigo confiaron en su pronta derogación con la llegada del PSOE a la Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido esperar.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha tachado de "inhumana" la pena y considera que "choca frontalmente" con el artículo 15 de la Constitución, que garantiza que ningún ciudadano será sometido a torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes, pero ha explicado que el Gobierno apuesta por esperar a conocer qué opina el TC.