La Ertzaintza ha desarticulado una banda a la que imputa 31 robos en empresas vascas, la mayoría de ellos realizados mediante el procedimiento del butrón en el territorio de Gipuzkoa, y ha detenido a seis miembros de la organización.

Según ha informado hoy el departamento vasco de Seguridad, los arrestos se han producido tras una investigación desarrollada los dos últimos meses por agentes del Servicio de Investigación Criminal de la Ertzaintza en Gipuzkoa, la Oficina Territorial de Inteligencia de este territorio y efectivos de las comisarías de Oria y Hernani.

El operativo, desarrollado bajo la denominación de "Lazar", ha estado dirigido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Eibar.

Los investigadores atribuyen al grupo, formado por personas procedentes de países de Europa del este radicados en la Comunidad Valenciana, una serie de asaltos a industrias ubicadas en localidades guipuzcoanas como Idiazabal, Zaldibia, Oiartzun, Errenteria, Elgoibar, Asteasu, Ibarra, Tolosa y Zestoa, entre otras, además de en otras poblaciones como Zamudio y Mallabia (Bizkaia) y Agurain (Álava).

En la mayor parte de los casos, los ladrones accedían a las empresas por medio de brutrones, inutilizaban los sistemas de alarma y "atacaban" las cajas fuertes de las compañías.

Estos escondrijos, que fueron localizados con la ayuda de la Unidad de Desactivación de Explosivos y de la Unidad Canina de la Ertzaintza, estaban emplazados en varios puntos de una zona boscosa del barrio de Sorabilla en Andoain (Gipuzkoa), adonde los miembros de la banda acudían antes y después de sus actuaciones.

Fueron registradas dos viviendas en la capital donostiarra, en las que residían los seis detenidos, de entre 36 y 52 años, cuatro de ellos serbios, uno albanés y otro esloveno. La Ertzaintza trata ahora de localizar al séptimo componente del grupo, que ya ha sido identificado.

Los arrestados, fueron puestos a disposición judicial el pasado domingo, tras lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eibar decretó la puesta en libertad provisional de todos ellos, previa retirada de sus pasaportes y con la obligación de personarse quincenalmente en una sede judicial, ya que la Fiscalía no solicitó la prisión provisional de ninguno de los detenidos.