Los veinte acusados por el "caso Baku", en el que se investiga la aprobación de un parque acuático y un centro de ocio en Corralejo en 2002, se han negado a declarar ante el fiscal y la acusación ejercida por Alternativa Democrática de Fuerteventura, que les imputan de un delito prevaricación y otro de fraude y exacciones ilegales.

La sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, presidida por Emilio Moya, ha comenzado hoy el juicio en el que se investigan los presuntos delitos cometidos al autorizar la construcción de un centro de ocio en Corralejo Playa, en una parcela catalogada como zona de equipamiento y sistema de espacios libres por las normas subsidiarias de La Oliva, por lo que no cabían esas edificaciones.

La historia del "Baku" se remonta a noviembre de 2002, cuando el pleno presidido por el entonces alcalde, Domingo González Arroyo (en aquel momento en el PP), aprobó las cláusulas administrativas para adjudicar la construcción y explotación del parque, que recayó en 2003 en Joca, la única empresa que se presentó al concurso.

Entre los acusados se encuentran los miembros del grupo de gobierno municipal en 2002 y el resto de concejales en la oposición que votaron a favor en el pleno, además de la interventora accidental, Rita Darias, y el arquitecto técnico Jerónimo Soto.

La acusación popular extiende la acusación a los concejales que participaron en la Junta de Gobierno de 2003, entre ellos la actual directora de Igualdad del Gobierno canario, Claudina Morales (CC), y la exalcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE).

Todos los acusados han repetido el mismo guión ante la sala negándose a responder a las preguntas del fiscal, José Antonio Blanco, y al abogado de la acusación y contestando solo a las preguntas de la defensa.

El exalcalde González Arroyo, hoy inhabilitado a raíz de otra causa anterior por un delito de prevaricación, se ha sentado ante el tribunal para defender, a preguntas de su abogado, que no actuó en ningún momento en el pliego y que su votación en el pleno respondió a los informes favorables emitidos por el catedrático en Derecho Tomás Fernández y el arquitecto técnico Jerónimo Soto.

En su declaración, González Arroyo ha reconocido que ningún técnico ni el secretario municipal le advirtieron de que hubieran irregularidades en los informes.

El resto de los acusados han coincidido en que nadie les avisó de supuestas irregularidades para aprobar el proyecto, cuyo contrato se firmó por un precio de 17 millones de euros y una concesión de 47 años, y por la que el contratista debía pagar un canon anual al Ayuntamiento de 36.000 euros.

Además, la Fiscalía apunta que el Consistorio eximió del pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y de tasas por licencias municipales, lo que hizo que el Ayuntamiento dejara de ingresar 373.802 euros por tasa y 178.425 euros por ICIO.

Marcelino Umpiérrez, uno de los concejales del grupo de Gobierno en 2002, ha negado en su declaración haberse reunido ni conocer a los representantes de Joca, la empresa adjudicataria.

Por su parte, Felipe Miranda, concejal del PSOE en la oposición en ese momento, ha asegurado que su apoyo al proyecto estaba marcado porque "era bueno para el municipio".

Además, suponía dar un uso a "una parcela convertida en un auténtico vertedero y en la que se han construido una biblioteca y un auditorio municipal" y ha añadido que "su único interés era en que se hiciera una obra con las características del pliego".

Por su parte, Claudina Morales, alcaldesa de La Oliva tras las elecciones de mayo de 2003 y miembro de la Junta de Gobierno que aprobó el proyecto de ejecución ese mismo año, ha manifestado que su votación respondía a los informes favorables del arquitecto y los servicios jurídicos.

El arquitecto técnico Jerónimo Soto, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha defendido que el pliego se podía ejecutar "sin ningún tipo de problemas dentro de la parcela".

La Fiscalía considera que los acusados, entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, habrían acordado "la ejecución de una serie de actos administrativos totalmente incompatibles con el ordenamiento jurídico".

En el escrito del Ministerio Fiscal se pide para el exalcalde, Domingo González y para los 13 concejales que votaron a favor en 2002 las penas de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y tres años de prisión.

Para el arquitecto técnico, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con la función de arquitecto o arquitecto técnico durante nueve años.

El juicio continuará mañana y el próximo jueves en las nuevas dependencias judiciales de Puerto del Rosario, ubicadas en el bario de Majada Marcial.