Un altercado que tuvo lugar en la urbanización Costa del Silencio, en el municipio de Arona, hace cuatro años ha dado lugar a que ayer se sentaran en el banquillo de los acusados dos guardias civiles y un ciudadano belga. Para la Fiscalía, los agentes serían autores de torturas y detención ilegal, mientras que para la acusación particular lo serían también de allanamiento de morada y falsedad documental, por lo que piden cinco años de cárcel y 18.000 euros de indemnización.

Los dos funcionarios del Instituto Armado, por su parte, acusan al ciudadano, M. J. D. R. de atentado a la autoridad y lesiones, cargos por los que le solicitan tres años de prisión.

Los agentes relataron que llegaron a la urbanización tras ser avisados por el vigilante de que el presidente de la comunidad estaba causando un alboroto.

Cuando los guardias llegaron, se lo encontraron bañándose en la piscina, a la vez que se negaba a identificarse hasta que un rato después llamó a su abogado y este le recomendó que lo hiciera.

Tras acudir todos a su casa, presentó la identificación de Bélgica, su país de origen, pero rechazó hacer lo propio con la española.

Entonces comenzó un encontronazo cuando un guardia civil intentó arrebatar a la esposa una tablet con la que estaba grabando lo que ocurría.

Ambos agentes negaron que hubiesen entrado en la vivienda y aseguraron que las medidas que utilizaron para reducir al denunciante son las que recomienda su cuerpo de seguridad en estas eventualidades.

Uno de ellos admite que pudo haber golpeado al ciudadano belga, pero en todo caso lo hizo en el pecho porque no paraba de moverse.

Al final, miembros de la Policía Local de Arona se personaron en el lugar y el vecino resultó detenido.

Este último declaró que el aviso del vigilante se originó porque él como presidente considera que no estaba autorizado por la comunidad para realizar estas labores.

Dijo que fueron los agentes los que se negaron a identificarse y que él siempre estuvo tranquilo hasta que cuando vio a su mujer en el suelo sufrió "un apagón" y no volvió a recobrar conciencia hasta que se encontró en el cuartel.

Una vez inmovilizado, los agentes le colocaron grilletes y lo trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil, momento en el que fue puesto a disposición judicial.

Asegura que sufrió muchos problemas psicológicos a partir de entonces y por ello exige 12.000 euros de indemnización para él y 6.000 para su esposa.

El Ministerio Público no reclama responsabilidad civil porque nunca causaron daños físicos al ciudadano y ayer pidió que se aplicara un tipo más reducido de tortura.