La Audiencia Nacional rechazó la solicitud de J.P.R. para cancelar sus antecedentes penales después de que una sentencia lo condenara por grabar a mujeres y menores mientras estaban en los baños y probadores de diversos centros comerciales de Santa Cruz.
El fallo del Juzgado de lo Penal en 2014 concluía con que el joven era autor de un delito de revelación de secretos y otro de lesiones por el que debía cumplir un año y medio de prisión y pagar 8.000 euros a la denunciante.
Los hechos tuvieron lugar en junio de 2011. El acusado siguió a una mujer a los baños de un gran establecimiento comercial y la grabó desde arriba con el móvil mientras estaba en el servicio de al lado. Al darse cuenta de lo que ocurría la víctima pidió ayuda, momento en que el procesado la agarró fuertemente del brazo, a la vez que la instaba a que no avisara a la policía.
Todo ello le causó dolores en una extremidad y en el hombro que tardaron tres meses en curarse y ataques de ansiedad y tristeza. Cuando la Policía examinó el dispositivo descubrió más grabaciones de mujeres y de menores.