El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cesó hoy al forense estatal por el abandonó de unos 100 cadáveres en un contenedor frigorífico dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

"Es claro que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas, es evidente que quienes estuvieron al cargo del procedimiento de traslado alteraron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos", aseguró.

El gobernador confirmó que ha pedido que se separe de su cargo al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, oficialmente la entidad responsable del manejo de estos cadáveres.

Al final de una reunión con autoridades de seguridad estatal y municipal, Sandoval ratificó que habrá una investigación interna para deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan desobedecido el protocolo de custodia de los cuerpos.

Un contenedor de refrigeración con unos 100 cadáveres que estaban bajo custodia del forense estatal fue abandonado en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajomulco, hasta que el sábado quedó bajo control de la Fiscalía de Jalisco.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, aseguró que el gobierno estatal estaba enterado de la situación de esta cámara de refrigeración con los cadáveres cuando denunció el caso el jueves pasado.

El forense dijo que la dependencia estaba "rebasada" para albergar los cadáveres y por ello decidieron mantenerlos en el contenedor, según la alcaldesa.

El gobernador jalisciense recalcó que los hechos relacionados con el abandono del contenedor con los cadáveres son inadmisibles y serán sancionados con todo rigor.

Las dependencias estatales serán escrupulosas con el manejo de los cuerpos, que no han sido identificadas y permanecen bajo custodia del forense y de la fiscalía, garantizó el gobernador.

"Vigilaré de cerca que haya un trato digno, diligente y apegado a derecho en todo momento", expresó.

El colectivo de familiares de desaparecidos en Jalisco "Por amor a ellos" manifestó su indignación por el trato "denigrante" que las autoridades del estado dan a los cuerpos de personas víctimas de violencia.