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Labajos denuncia al TSJC la nulidad de las diligencias del caso Fórum en Tenerife

Para el empresario, la ramificación en Tenerife de este caso se basó en un hallazgo casual del que no se informó a los jueces, entre otras ilegalidades.
El Día, S/C de Tenerife
14/jul/18 6:00 AM
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Entrada al TSJC en Las Palmas de Gran Canaria./EFE

El presidente de la Fundación Canaria de la Construcción (Funcac), José Ana Pérez Labajos, investigado dentro de la ramificación del caso Fórum en Tenerife, denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que las diligencias previas llevadas a cabo durante 12 años podrían ser nulas de pleno derecho. En concreto, se apunta que las imputaciones por presunto cohecho se basan en un "hallazgo casual" en mayo de 2006 de diversos documentos en la sede Fórum Madrid, que puso en marcha la operación en la Isla por dicho delito, cuando en realidad se estaban investigando por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero, según el auto habilitante y por ende el acta de entrada.

En el recurso se dice que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) dio valor de notitia criminis a un escrito firmado por el arquitecto Julio Aumente en el que se habla de presuntos sobornos millonarios para impulsar la construcción de un puerto deportivo en San Andrés y una urbanización en Valle Tahodio, en Santa Cruz. En los siete meses que transcurrieron desde que se llevó a cabo el registro hasta que la Fiscalía presentó la querella, "hubo tiempo de sobra para realizar una exhaustiva investigación" de los nuevos supuestos cargos. Por el contrario, nunca se dio cuenta de lo ocurrido -en tiempo y forma- a los jueces que estaban al frente de las diligencias, primero Fernando Grande Marlaska (hoy ministro) y después Baltasar Garzón. "Todo lo cual supuso que la acusación pública pudo montar su relato sin la supervisión judicial indispensable", señala. Las imputaciones en Tenerife basadas en estos documentos encontrados de forma "casual" carecerían de cobertura jurídica alguna, al no haberse dictado ningún auto habilitante complementario. "De querer utilizar este material en un juicio oral, se estarán empleando pruebas ilegítimas", apunta. Ante el TSJC se relata que desde el momento en el que la Policía y el secretario judicial no solicitaron durante la inspección y sobre la marcha la ampliación de la resolución judicial, "el hallazgo casual se está empleando como raíz patológica sin que pueda seguir surtiendo efecto procesal alguno". Por tanto, se trataría más bien de una prueba ilícitamente obtenida y otro ejemplo de que la operación Lavandera tiene un origen político. De manera que se presenta como casual lo que más bien parece ser fruto de la intencionalidad para investigar a determinadas personas, según Labajos. En el recurso se recuerda que esta actuación va contra el criterio del Tribunal Constitucional, que niega a estos hallazgos el valor de evidencia. Por tanto, se podría estar conculcando el principio de que no es posible admitir pruebas obtenidas ilícitamente si no se cuenta con resolución judicial. Los documentos hallados en las oficinas de Fórum fueron usados "como fuente de evidencias al haberse hecho por la Fiscalía valoraciones indiciarias tras el descubrimiento que no encajan en un proceso que cuente con todas las garantías", indica el empresario.