Las defensas de los acusados del caso Corredor se han adherido al escrito de recusación al tribunal presentado por el principal inculpado, el abogado y empresario Evaristo González, al compartir su contenido: que los magistrados introdujeron en el sumario los autos de entrada y registro del bufete y el domicilio de González en La Laguna y Tacoronte respectivamente, una vez que había comenzado el juicio oral. Las defensas recuerdan que cuando se inicia una vista es imposible sumar nuevos documentos en el sumario por muy importantes que estos sean.

Pero, además, se da la circunstancia de que la inclusión se dio después de que las defensas plantearan el primer día en el que se celebró la vista en el turno de cuestiones previas precisamente que echaban en falta estos documentos. Ahora será una sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la que deberá determinar si la recusación es correcta. Una decisión de la que se podría derivar que la entradas y registros fueron ilegales con lo cual se daría un paso más a la hora de determinar la absolución de los acusados. Esta sala especial es la encargada de abordar la situación judicial de los aforados o la recusación a los tribunales.

Precisamente, esta cuestión previa junto con el cuestionamiento a las llamadas interceptadas, fueron los dos principales reparos que se presentaron en la primera jornada. En teoría, el pasado lunes los magistrados iban a ofrecer la correspondiente respuesta pero la presentación de la recusación ha hecho que la continuidad del juicio haya quedado pospuesta y sin fecha de reinicio. Hay que recordar que en su momento González consiguió la recusación del juez César Romero Pamparacuatro, quien asumió parte de las investigaciones de este mismo caso. Uno de los abogados de la defensa que se ha adherido a esta recusación considera que esta "parece bien fundamentada" y apunta a que efectivamente existen indicios de que tres magistrados del tribunal "no están actuando con la suficiente imparcialidad requerida". Indican que la inclusión de los autos de entrada y registro se llevó a cabo sin dar cuenta a la Fiscalía o a los abogados de la defensa y acusación particular, "y sin que tampoco se nos diga la numeración con la que exactamente se han insertado".

Las investigaciones del "caso Corredor" se iniciaron en 2010 a raíz de los supuestos negocios turbios en torno a locales de ocio nocturno de La Laguna. Pero lo cierto es que, ocho años después, la lista de imputados ha pasado de medio centenar a nueve y el juicio se centra en seis supuestas estafas. Estas son la apropiación de los terrenos en los que actualmente se sitúa una gran superficie en La Laguna, el cobro de una indemnización por un seguro tras el incendio de un local, el impago de un coche de alta gama o de unas piezas de antigüedades y el reintegro de un billete de avión.

Luego está la supuesta utilización de un testigo falso cuyo testimonio dio lugar a que dos jóvenes acabaran en prisión. De todos ellos se responsabiliza a González y a un grupo de abogados de su bufete, entre otros.

En 2012 el empresario entró en la cárcel durante tres meses. Una parte de las escuchas telefónicas que tenía que ver con concejales del Ayuntamiento de La Laguna ya fue anulada a principios de 2015.