Izquierda Unida y el Partido Comunista de Canarias han criticado hoy la detención de un activista en Santa Cruz de Tenerife por escribir en redes sociales "Los Borbones a los tiburones"

Estos partidos han informado en un comunicado de que el detenido es Roberto Mesa, quien se encuentra retenido en las dependencias policiales de la Avenida Tres de Mayo hasta que pase a disposición judicial.

Han recordado que según el artículo 17 de la Constitución pueden transcurrir hasta 72 horas para poder poner en disposición judicial al acusado, ya que es el tiempo estrictamente necesario para que la policía haga las labores de investigación.

No entienden cómo es posible que se argumente la permanencia de Roberto Mesa en la comisaría cuando, en principio, se le ha detenido tras un proceso de investigación de sus redes sociales.

Critican que "el exceso de tiempo que se mantiene en las dependencias es abusivo" y alerta de que se podría estar ante una detención arbitraria e ilegal.

El sistema demuestra la represión que se ejerce sobre la ciudadanía y la vulneración del derecho de libertad de expresión, agrega la nota.

"Los Borbones a los tiburones" fue la consigna cantada hace cinco días en el aniversario de la II República, en la que se reclamaba una tercera.

Según Izquierda Unida y el Partido Comunista de Canarias, aplicando la lógica por la que se ha procedido a detener a Roberto Mesa deberían considerar la detención de las miles de personas que tomaron las calles el pasado 14 de abril.

Defienden que la monarquía es un sistema caduco y realiza unas prácticas de represión propias del franquismo.

Lamentan que no es la primera vez que ocurre un altercado similar, pues hace un año estudiantes de la Universidad de La Laguna fueron "acorralados y golpeados por manifestar pacíficamente su rechazo a la Corona", caso actualmente se encuentra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Por ello, tanto el Partido Comunista de Canarias como Izquierda Unida Canaria solicitan la liberación de Roberto Mesa y denuncian públicamente la vulneración de derechos fundamentales en un país "supuestamente democrático".