Efectivos policiales que en 2012 permanecían destacados en los aeropuertos de Los Rodeos, en Tenerife, y de Barajas, en Madrid, ratificaron ayer algunas de las acusaciones que sostiene la Fiscalía sobre la existencia de una banda que introducía ciudadanos iraníes en Europa a través de Tenerife.
En la segunda jornada de este juicio, que se extenderá hasta el próximo viernes, las preguntas se centraron en la llegada de una familia iraní, formada por un matrimonio y su hija, que permaneció alojada en un hotel madrileño y la detención de una ciudadana búlgara en Tenerife con una maleta repleta de documentos falsos. También se hicieron preguntas sobre la interceptación de un viajero con un pasaporte griego fraudulento a su nombre y otro al de una mujer, o el envío a un domicilio madrileño de un sobre a L.A.B.L., en el que supuestamente también había documentación falsa. En el banquillo de los acusados permanecen siete de los 14 miembros, ya que los restantes están en rebeldía. A todos ellos la Fiscalía pide 83 años de cárcel, no solo por promover la inmigración irregular, sino también por incurrir en una presunta falsificación continuada de documentos y tenencia de útiles para elaborarlos.
Policías que en 2012 trabajaban en Barajas explicaron cómo detuvieron a inmigrantes iraníes y se personaron en el hotel para comprobar la documentación de la familia. Estas actuaciones surgieron de diversas escuchas telefónicas que se llevaron a cabo por aquellas fechas. En todos los casos, el problema principal era el tiempo transcurrido, por lo que los agentes no recordaban muchos detalles. Otros agentes están destacados ahora en Mallorca y a grandes líneas ratificaron las sospechas de la Fiscalía. Declararon dos agentes que aún siguen en Tenerife, uno de los cuales se reafirmó en su informe, aunque no recordaba nada de la detención de la búlgara. Otro sí indicó que en la maleta de la mujer encontraron numerosos pasaportes, documentos y permisos de residencia italianos y franceses. La Fiscalía apunta que el grupo se repartía entre tres personas que vivían en Tenerife y que se encargaban de recibir las remesas de dinero, y de la organización, transporte y alojamiento de los iraníes que llegaban a la Isla. Para este fin se usaban varias viviendas, entre ellas una en Adeje, que pertenecía al supuesto cabecilla, A. H., declarado en rebeldía. Tenerife era el punto en el que los inmigrantes tenían que esperar hasta que se les facilitaba documentación falsa para que entraran en terreno europeo, habitualmente Inglaterra. Pero además en la capital de España habría otros cuatro imputados más que también se encargaba de toda la logística.