Cinco abogados defensores de otros tantos acusados de prevaricación, cohecho, infidelidad en custodia de documentos, falsificación y pertenencia a grupo criminal en el conocido como caso Catastro piden que el Estado abone las costas judiciales, que en algunos casos pueden sumar 30.000 euros. El motivo es que la Abogada del Estado en su escrito de acusación definitivo rebajó el tipo delictivo de pertenencia a organización criminal (con penas de hasta ocho años de cárcel) al de grupo, con tan solo tres. Y un procesado, A.S.N., quedó absuelto en la penúltima jornada, después de que la Fiscalía hubiese hecho lo propio en su escrito inicial.
En el último día del juicio, los letrados de los acusados defendieron su inocencia y apuntaron a errores en los escritos del fiscal y la Abogada del Estado, así como en la investigación.
Los once abogados defensores intentaron demostrar que ninguno de sus clientes es responsable de haber cobrado cantidad alguna por agilizar trámites catastrales. Tan solo el letrado de S.C.D.M., al que se considera captador de clientes para que luego realizaran gestiones ante el Catastro, en el que trabaja su tío J.D.D. y en una Notaría, abrió la puerta a que como mucho se le considere cooperador necesario de los presuntos delitos.
Andrés Martín, defensor de J.D.D. y la funcionaria P.C.I., reiteró el argumento expresado al principio del juicio de que la denuncia no podía haber sido presentada en un juzgado de La Laguna ya que supuestamente los hechos ocurrieron en la sede del Catastro en Santa Cruz. Tachó de "arbitraria, injustificada y carente de imparcialidad" la actuación del primer magistrado, César Romero Pamparacuatro, y dudó de la originalidad de los expedientes con los que se inició la investigación. El abogado abre la posibilidad a que los agentes manipularan documentos, dado que las pesquisas se iniciaron un mes antes de la denuncia.
El argumento de este letrado se basó en responsabilizar a Sara Anguita, gerente del Catastro en el momento de los hechos, de las irregularidades que se pudieron haber cometido, en cuanto semanalmente llevaba a cabo auditorías a los procedimientos que se tramitaban. Defendió que sus clientes sí tenían la capacidad y autorización para elaborar expedientes, que entre los años 2012 y 2013 era habitual que los documentos carecieran de sello y fecha, se resolvían en pocos días y raramente se comunicaban a los interesados. Apuntó que, en 2010, de los 17.600 expedientes con los que se trabajó apenas se notificaron 300. Aseguró que no hay prueba de que ninguno de los dos funcionarios recibiera sobornos, que no pudieron incurrir en prevaricación porque no tenían capacidad decisoria, no hubo falsedad ya que las variaciones se ajustaban a la realidad, ni infidelidad en la custodia dado que en el domicilio común solo había fotocopias.
El letrado de S.C.D.M. indicó que su papel era el de gestor y para ello contaba con la autorización de los clientes. Al no ser funcionario no se le puede acusar de infidelidad en la custodia de documentos, ni de falsedad de los mismos y asegura que siempre cobró por su trabajo. Rechaza la acusación de pertenecer a grupo criminal, "porque aquí lo único que ha ocurrido es que un gestor fijaba libremente un precio por solucionar asuntos". El letrado del exoficial de la Notaría de La Laguna habló de acusaciones imprecisas y de resentimiento por parte de la jefa. Criticó que la acusación se base en el análisis de 12 expedientes de los 17.000 que se movían cada año en el Catastro.
Ni una sola queja
El abogado del exoficial de la Notaría recordó que hasta ahora no se ha presentado ni una sola queja o reclamación por parte de clientes. Pidió su absolución y dijo que a lo largo de los años la declaración de su cliente ha sido siempre igual de coherente. Una vez que intervinieron los abogados de los cuatro principales encausados, lo hicieron los restantes ocho letrados, para pedir la libre absolución de sus defendidos.