El oficial de una notaría situada en La Laguna, M.A.S., acusado dentro del conocido como "caso Catastro", fue despedido en 2012 después de que su jefa tuviera indicios de que se dedicaba a "trabajos paralelos". Precisamente, la acusación que pesa sobre el antiguo oficial es la de supuesta infidelidad en custodia de documentos públicos y el cobro de sobornos.
Las sospechas se hicieron más evidentes cuando la notaria comprobó cómo el procesado seguía dedicándose a otras tareas mientras permanecía de baja tras sufrir un infarto.
"Empecé a percibir que bajo la apariencia de la Notaría estaba haciendo un trabajo que yo no podía controlar", relató la citada testigo.
"El problema era que existía el riesgo de que los clientes confundieran los negocios particulares con los de la Notaría", aclaró.
Apuntó que, "además, no se puede cobrar por lo que se haga fuera de su puesto de trabajo" dijo. No obstante, la notaria declaró acto seguido que no tenía constancia de que el antiguo oficial estuviera "trapicheando" con el Catastro, tal y como se le acusa por parte del Ministerio Fiscal y la abogada del Estado.
Durante la sesión de ayer ofrecieron sus testimonios varios particulares que en algún momento dado tuvieron que recurrir a los servicios de los hoy acusados para resolver algún problema con sus propiedades.
En general, todos coincidieron en asegurar que el encuentro con S.C.D.M. y A.J.D.M., hermanos y sobrinos del funcionario del Catastro J.D.D. y supuestos intermediarios dentro de esta trama, fue casual y se llevó a cabo en algún bar de La Gomera.
Igualmente, ratificaron que nunca se les garantizó que los trámites se iban a agilizar.
Pero también casi todos señalaron que tuvieron que pagar diversas cantidades de las que raramente había constancia.
En una ocasión una señora hizo el ingreso por transferencia pero otra abonó más de 2.000 euros y no se acordaba si había pedido una factura.
En cualquier caso todos ellos vieron cómo se arreglaban unos trámites cuya resolución hasta entonces se había eternizado.
Un señor indicó que llegó a desembolsar 1.900 euros y que los pagos se hacían en efectivo en los alrededores de la sede del Catastro e, incluso, una vez en Taco.
Una trabajadora del organismo estatal apuntó que la pérdida o traspapeleo de documentos se producía de vez en cuando y que en ciertas ocasiones estos llegaban sin registrar.
También era habitual que se llamara a J.D.D., que ejercía de informático, para que cerrara alguna fase de tramitación de un expediente y que por eso quedaba registrado como si él hubiese cumplimentado todo el proceso.
Los principales acusados lo niegan
Durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tuvo lugar el pasado lunes. Durante la misma, tanto el supuesto principal acusado, como su pareja, negaron con rotundidad el cobro de diversas cantidades de dinero por agilizar trámites en el Catastro. Una delineante aseguró que, a veces, dicho hombre accedía a su ordenador sin su permiso cuando ella no estaba.