Dos trabajadores del Catastro en Santa Cruz de Tenerife declararon ayer en calidad de testigos para señalar que en la sede de este organismo existía la sospecha de que "alguien reventaba las contraseñas". En el caso de una delineante que trabajaba al lado de J.D.D., considerado el principal personaje de esta presunta trama de supuestos sobornos por agilizar trámites catastrales, se dio la circunstancia de que en ciertas ocasiones cuando volvía de desayunar el procesado había entrado en su ordenador para, según decía, instalar alguna aplicación. "Nunca le di permiso, pero como era el responsable de informática lo dejaba hacer". Los hechos se repetían, al menos, una vez al mes con la excusa de que estaba arreglando el ordenador y siempre cuando no estaba ella presente. Otra vez al volver de vacaciones se encontró con que le habían cambiado la contraseña.
El ambiente de sospechas llegó al punto de que la funcionaria optó por recoger en una agenda todo lo que ocurría aunque no fue hasta el año 2013 cuando se dio cuenta de que existían diferencias entre el trabajo que había hecho y el resultado final. Ambos aparejadores coincidieron en que J.D.D. se reunía una vez a la semana con varias personas en un despacho pero no identificaron a ninguna de ellas entre los 12 acusados. Uno de estos testigos que en la actualidad es jefe de la sección de Normalización recuerda que tuvo dos incidentes de este tipo. El primero fue en 2007 cuando el propio J.D.D. admitió que había usado su contraseña y le pidió perdón; y otra en 2012 cuando tras librar un día se encontró con que el usuario había cambiado. Esta vez se pudo comprobar que se habían cumplido con todas las etapas de un expediente, pese a que él sólo se ocupaba de una.
La gerente en el momento en el que ocurrieron los hechos confirmó que varios trabajadores le habían trasladado su preocupación sobre lo que ocurría con las contraseñas y usuarios. Dijo que J.D.D. no tenía autorización para mantener reuniones en la oficina durante su horario de trabajo y que finalmente fue la Dirección en Madrid la que decidió intervenir. Sostuvo que no tenía sentido trabajar con borradores o pantallazos, que solo se podían cobrar tasas y que las auditorías que realizaba semanalmente no entraban en el fondo de los expedientes sino en cuestiones formales. Ayer también intervino un miembro de la Policía Judicial, que participó en el registro de la casa de otro imputado, M.A.S.H., quien ejerció como oficial de una notaría de La Laguna. La conclusión que extrajeron es que este procesado era el que encargaba a J.D.D. los trabajos que debía hacer tras contactar con clientes. "Cuando luego consultamos al Catastro vimos como el funcionario cumplía exactamente lo que le decían y, a veces, en un mes", dijo el agente.
Pantallazos
Los miembros de esta presunta trama trabajaban con pantallazos y borradores que enviaban por correos electrónicos particulares lo que, según la Policía Judicial, es totalmente irregular. En un caso se resolvió un problema en apenas cuatro días después de que el cliente pagara 400 euros y en otro un matrimonio vio como tras desembolsar 2.400 euros, rápidamente pudo legalizar una casa tras varios años intentándolo.