Más de dos años después de que ocurriera la retención ilegal y muerte del empresario granadillero Raimundo Toledo, algunos abogados de la defensa creen que deben aclararse algunos aspectos relacionados con la investigación. Así ocurre con el letrado de la mujer de origen cubano que fue detenida por este trágico suceso y que era la pareja sentimental del sobrino de la víctima.

Dicho profesional solicitó el pasado mes que los investigadores de las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) llevaran a cabo un estudio sobre qué personas supuestamente podían utilizar, al menos, dos de los móviles que se rastrearon durante las pesquisas.

La respuesta obtenida por el abogado fue que esa prueba no se podía practicar en un periodo corto de tiempo. Y este insiste en la importancia de realizarla, "aun cuando se invierta un periodo largo de tiempo", ya que la considera esencial, "habida cuenta de que los teléfonos de los que se solicita el estudio de confluencia espacio-temporal eran utilizados indistintamente por Sandra P." y la pareja de esta, sobrino del empresario fallecido.

El letrado manifiesta en el mismo escrito que "el hecho de que se haya descartado", desde el principio, "la participación" del sobrino de Raimundo Toledo no puede ser obstáculo para la denegación de la prueba solicitada.

Además, recuerda que la información requerida "no hace otra cosa que tratar de averiguar una posible vinculación telefónica" de otro de los detenidos por este caso, el cubano Alexánder R., "que indudablemente arrojaría alguna luz sobre los hechos y, de otro lado, de practicarse la misma y no existir la vinculación (con el sobrino de la víctima), lo descartaría definitivamente".

Dicho profesional solicita que las gestiones sobre este asunto se lleven a cabo en un tiempo más reducido, en aras de una mayor celeridad y de no dilatar el procedimiento, es decir, en el periodo comprendido entre los días 1 y 15 de diciembre de 2015 (las dos semanas antes a que se produjera la retención ilegal y la muerte del empresario).

La abogada defensora de Alexánder R., Gisela García, manifiesta que "el peso de las pruebas" recae en las ubicaciones de los teléfonos móviles de los investigados.

Recuerda que la mayoría de los acusados no han declarado o, cuando lo han hecho, como en el caso de Diego C., después se han desdicho.

La mencionada letrada pregunta que, "a estas alturas, ¿cuál es el móvil?" por el que presuntamente actuaron las personas arrestadas. García responde que "o no existe, o no está claro".

Para esta abogada, "la investigación de un caso de estas características no se podía dar por concluida con tanta premura".

Cabe recordar que Toledo fue introducido por la fuerza en su propio vehículo en las proximidades de su vivienda en una zona residencial de Santa Cruz de Tenerife y más tarde su vehículo fue lanzado en llamas por la ladera este de la montaña de La Centinela con el cadáver en el maletero. El cuerpo fue descubierto por los bomberos al apagar el fuego.

Las gestiones desarrolladas por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil permitieron la detención de Alexánder R. en Madrid, así como de Sandra P. y Diego C., en Tenerife. Además, la hija de dicha mujer cubana quedó como investigada por un delito de encubrimiento, según trascendió.