La Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife tramita las solicitudes de tarjetas de residencia por reagrupación familiar de las personas que en su país subsisten gracias a las ayudas económicas que sus parientes que viven en España les facilitan con envíos de dinero. Personal de dicho departamento detectó varios recibos de envío sospechosos y pidió ayuda a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras contactar con las agencias que realizan esas transferencias, los agentes confirmaron que tales documentos eran falsos y que se usaron medios informáticos para reproducirlos.
Entonces, se analizaron otros expedientes por si hubiera más falsificaciones. Tras ese trabajo, fueron hallados 52 informes con falsificaciones de recibos de cantidades de dinero que nunca se enviaron, mediante formularios en blanco que se obtienen en locutorios. La prueba definitiva se obtuvo tras contactar con las empresas de dicha actividad ("remesadoras"), que acreditaron que tales operaciones nunca existieron.
Los guardias civiles detectaron que tales recibos falsos se emitían en locutorios de Santa Cruz de Tenerife, La Cuesta y Las Galletas a cambio de sumas de dinero variable, según los testimonios de varios interrogados.
Dichos establecimientos fueron inspeccionados por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital tinerfeña los días 15 y 16 de este mes. Los agentes de paisano analizaron los ordenadores de los mostradores y papeles, lo que les permitió ratificar sus indicios. Además se imputó a las personas que estaban al frente de esos establecimientos su participación en el delito de falsedad documental. Paralelamente se desplegó una intensa actividad policial por toda la Isla para localizar a cada una de las personas que habían adquirido esos documentos falsos y los habían presentado en la Oficina Única de Extranjería, al objeto de imputarles su participación en el mencionado ilícito penal. En esta ocasión el sistema de falsificación no se encontraba controlado por ninguna red delictiva organizada. Es decir, el método se divulgó entre parte de la comunidad cubana (y en menor medida venezolana) a través del "boca a boca" con tanta celeridad que, en pocos meses, ya era conocido en toda la Isla. Cabe señalar que la inmensa mayoría de las personas acusadas de participar en la comisión del delito son ciudadanos ya españoles, pero inicialmente de nacionalidad cubana, y que pretenden por esta vía lograr traer a España a familiares suyos de nacionalidad cubana que no reúnen realmente los requisitos establecidos en la legislación de Extranjería para permanecer y trabajar en territorio español. Con esta operación policial se logró desmantelar un nuevo método ilícito de obtención de Tarjetas de Residencia. La Oficina Única de Extranjería, con la intención de erradicar esta actividad delictiva, procederá a llevar a cabo un análisis mucho más preciso de cada uno de los expedientes que se presenten y revisará aquellos informes ya resueltos, por si fuese preciso proceder a su anulación.