La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en la provincia han desactivado un método fraudulento para la obtención de tarjetas de residencia con al menos 52 casos detectados.

En la operación, han sido imputados por delitos de falsedad documental los responsables de tres locutorios desde los que se tramita el envío de dinero al extranjero, así como las personas que supuestamente presentaron documentación falsa para conseguir que sus familiares, la mayoría cubanos, obtuvieran la residencia en España.

Según informó la Guardia Civil, el método se utilizaba para la tramitación de solicitudes de tarjetas de residencia por reagrupación familiar de personas que acrediten que en su país de origen subsisten gracias a las ayudas económicas enviadas por sus familiares residentes en España.

La sospecha de actuaciones ilícitas surgió cuando la Oficina Única de Extranjería detectó algunos recibos de envío de dinero sospechosos, por lo que pidió la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

La Guardia Civil averiguó que los recibos de envío de dinero se habían falsificado mediante métodos informáticos, por lo que se decidió examinar los expedientes ya tramitados que pudieran contener documentos también falsificados.

En el análisis de los expedientes uno a uno, trabajo que ha llevado varios meses, se determinó que 52 expedientes contenían documentos de envío de dinero falsificados.

La técnica de falsificación consistía en simular recibos de envíos que nunca se llegaron a realizar, para lo que se utilizaron recibos en blanco disponibles en locutorios que actúan como agentes en esa actividad de envío de dinero.

Las empresas dedicadas al envío de dinero, conocidas como "remesadoras", acreditaron que esos envíos nunca se formalizaron y que la mayoría de las personas supuestamente remitentes ni siquiera figuraban como clientes suyos.

La investigación condujo hasta tres locutorios en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona, en los que se confeccionaban esos documentos falsos a cambio de sumas de dinero variable.

Con autorización del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, los días 15 y 16 de noviembre se llevaron a cabo entradas y registros en los tres locutorios para analizar los ordenadores y documentación en papel.

Así se obtuvieron las pruebas que acreditaban que los locutorios estaban llevando a cabo esas labores de falsificación.

Las personas al frente de esos establecimientos han sido imputados como presuntos autores de delitos de falsedad documental.

La Guardia Civil procedió además a localizar a las personas que habían presentado los documentos falsos en la Oficina Única de Extranjería.

El sistema de falsificación no se encontraba controlado por ninguna red delictiva organizada, sino que el método se esparció por el "boca a boca" sobre todo en la comunidad cubana y en menor medida venezolana, "con tanta celeridad que en un período de pocos meses ya era conocido en toda la isla de Tenerife".

La mayoría de las personas acusadas de participar en la comisión del delito son ciudadanos españoles pero inicialmente de nacionalidad cubana, y que pretendían por esta vía, llevar a España a familiares que no reúnen los requisitos establecidos en la legislación de extranjería para permanecer y trabajar en territorio español.