Durante la pasada semana, la Sección VI de la Audiencia Provincial acogió un juicio en el que se discutió sobre la propiedad de 40 apartamentos y dos locales comerciales situados en el edificio Martina del Puerto de la Cruz. En total fueron cuatro las personas acusadas, mientras que una inmobiliaria y una entidad financiera aparecen como responsables civiles subsidiarios.

En la última jornada, la Fiscalía descartó la posible comisión de una estafa. La acusación particular mantuvo que hubo tal delito, aunque descarta la falsificación de documento y pide la devolución de las propiedades. El Ministerio Público en su alegato final admitió que existen dudas sobre la titularidad real de los bienes y si ha existido "dolo" en las distintas operaciones realizadas durante las últimas tres décadas para hacerse con la misma. La acusación particular indicó que la principal dificultad a la que se han enfrentado ha sido precisamente el tiempo que ha durado la instrucción, por lo que muchos de los inicialmente imputados no están ya vivos.

Los hechos se remontan al año 1970 cuando una de las acusadas y su marido, hoy fallecido, compraron a Manuel Yanes Barreto, igualmente hoy desaparecido, estas propiedades como garantía de un préstamo de 51 millones de pesetas, unos 300.000 euros. Años después una sentencia obligaba a devolver los apartamentos y locales a sus dueños originales siempre y cuando saldaran la deuda, lo que no ocurrió. La propuesta de estos pasaba por ofrecer 361.500 euros pero no fueron aceptados, porque según la acusación sabían que podían obtener un beneficio mucho mayor si no devolvían la garantía.

Y ello fue así, según la acusación, porque los procesados se pusieron de acuerdo para vender estas propiedades por 226.000 euros a dos abogados, pese a conocer la situación en la que se encontraba el inmueble. Poco después, con el fin de poder acogerse al principio de tercero de buena fe, otorgaron una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria por valor de 867.500 euros, lo que supone cuatro veces más del valor por el que lo habían comprado. Al final los bienes pasaron a manos de una serie de particulares que nunca han podido hacer uso de los apartamentos y a quienes la acusación considera que también son responsables de lo ocurrido. Todos ellos fueron llamados a declarar en calidad de testigos y coincidieron en afirmar que jamás se les informó de que las viviendas estaban alquiladas y que habían sido cedidas como garantía. Una operación mediante la cual se buscaba hacer inviable la recuperación del inmueble a su propietario original, al acogerse al principio de tercero de buena fe.

Los compradores primero pagaron en efectivo y luego suscribieron de forma conjunta y el mismo día una hipoteca por 867.500 euros en la que se aumentaba el precio desembolsado inicialmente en 183.000 euros. Ninguno de realizó durante estos años acciones judiciales para reivindicar sus posesiones, lo que según la acusación aumenta las sospechas de que participaron en esta supuesta estafa. En la actualidad todos ellos están obligados a pagar los gastos de comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, tal y como reconocieron ninguno de estos propietarios ha llegado a pagar la totalidad de la hipoteca ni han podido utilizar tampoco estos apartamentos. El abogado de la acusación indicó que la táctica de la defensa ha sido la de culparse los unos a los otros y sobretodo hacer recaer las responsabilidades sobre los ya fallecidos. A la entidad financiera se le atribuye la concesión del préstamo sabiendo que en caso de subasta podría obtener 1,2 millones de beneficios. Otra presunta irregularidad es que en la escritura se puso un precio global cuatro veces inferior al que habían pagado. Según la defensa, se trata de una táctica normal en aquellos años y lo único que se buscaba era pagar menos impuestos, al reflejar el precio catastral, no el de mercado. Los abogados de la defensa incidieron en la inocencia de sus clientes e intentaron desmontar la acusación de estar ante una trama organizada. Indicaron que es lógico que todos firmaran el mismo día la hipoteca y además dudaron de que los denunciantes hayan sido perjudicados en estos años. "Han seguido explotando los alquileres de los apartamentos", señalaron. Indicaron que la actitud de la Fiscalía de retirar su acusación inicial viene a darles la razón. Además, cuestionan que se quiera devolver los 300.000 euros concedidos como crédito hace 30 años sin tener en cuenta los intereses generados. La presentación de numerosos recursos que han dilatado el proceso fue justificada como el derecho que todo ciudadano tiene para defenderse. Una testigo declaró desde Madrid que nunca había podido entrar en las viviendas y que cuando las adquirieron cedieron todos los poderes a un abogado, quien les aseguró que estaban libres de carga.

"Estamos aburridos ya de este problema que he llegado a aborrecer y lo que queremos es olvidarnos de todo", dijo. Otra testigo aseguró que compraron dos apartamentos pero que jamás entraron. Tras 7 años dejaron de pagar la hipoteca pero deben abonar la comunidad, entre otros gastos.

Siete millones y medio de pesetas

Aunque el valor de cada vivienda era de siete millones y medio de pesetas, la hipoteca sumó ocho. Primero los pagaron en efectivo pero al poco tiempo les ofrecieron la posibilidad de que les concedieran un crédito y aceptaron. Otra testigo declaró que pusieron el precio catastral en vez del real por indicación del abogado fallecido, cuya esposa permanece como imputada. "No sé a dónde habrá ido a parar la diferencia pero supongo que al bolsillo de alguien", explicó la citada mujer.