La Audiencia Provincial de Tenerife ha condenado a J.F.M y a M.H.S. a tres años y nueve meses de cárcel para cada uno y a devolver los 126.319,94 euros de los que se apropiaron de las cuentas de una funeraria de Los Llanos de Aridane. Todo ello al considerarlos autores de los delitos de administración desleal y falsificación de documento público.

Los dos encausados mantenían una relación sentimental y eran trabajadores de la funeraria donde uno de ellos realizaba funciones de operario fúnebre y jefe de compras, y la otra de cobros, pagos y contabilidad. Ambos idearon un sistema para defraudar a la empresa mediante facturas ficticias correspondientes a la compra de material informático a una compañía inexistente. Estos documentos eran emitidos a nombre de un taller, propiedad de un tercero para lo cual se falsificaba su firma.

La acusada, por su parte, abonaba estas cantidades, bien en metálico o por transferencia bancaria a varias cuentas a sus nombres, sin recibir a cambio mercancía alguna. Las operaciones se realizaron entre los años 2007 a 2012 hasta sumar un total de 156.844,44 euros, de los que 30.524,50 se correspondía a material de oficina adquirido por la empresa.

La Audiencia concluye que los condenados falsearon documentos mercantiles a fin de facilitar el desvío de fondos a una sociedad no constituida formalmente y que controlaba en su totalidad.

Los dos contaban con la plena confianza de los jefes y llevaban las riendas de la gestión de la empresa, lo que facilitó que se enriquecieran a costa de su patrimonio social.

El margen de beneficio que obtenían por cada una de las operaciones ficticias realizadas rondaba el 20 ó 30%.

Para enmascarar los cargos, la contable los anotaba bajo el concepto de "otros mantenimientos". Durante el juicio declaró que la empresa hacía pagos en negro tales como complementos salariales o pagas extraordinarias, lo que dio lugar a los descuadres de caja. Tal hecho fue negado por los empresarios y por un trabajador.

La Audiencia considera que "el fraude estuvo bien organizado y exigió la manipulación de documentos y de la contabilidad, con simulación de la actuación de una empresa vendedora y un concierto interno de voluntades entre personas que gozaban de la confianza de los empresarios", se indica.