La inclusión de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) en el calendario oficial de vacunación en 2008 pudo estar influida por la "presión" de los laboratorios y utilizada como "estrategia política" al coincidir su introducción con una campaña electoral.
Así se desprende de testimonios recogidos en un estudio de la catedrática de Periodismo de la Universitat de Valencia Carolina Moreno, que presenta los argumentos a favor y en contra de la vacuna e intenta dar visibilidad a las afectados y a colectivos que rechazan la inmunización universal.
"Campañas institucionales en salud pública: el caso de la vacuna contra el virus VPH" es un proyecto del Plan Nacional de Investigación en el que Moreno ha trabajado durante cuatro años y donde analiza el tratamiento de esta vacuna en los medios y recoge testimonios de médicos, políticos, periodistas y afectados.
Los efectos secundarios que esa vacuna produjo en dos niñas en Valencia en 2009 abrió una controversia sobre su administración, un debate social que aún sigue "latente". Esa vacuna se introdujo en el calendario vacunal en diciembre de 2008, con Bernat Soria (PSOE) como ministro de Sanidad y tras una encendida defensa del grupo popular en el Congreso, que consideró que esta inclusión era una "urgencia política" .
Se pusieron en marcha los primeros programas de vacunación masiva en Madrid, Asturias y la Comunidad Valenciana, autonomía donde dos meses después de implantarse fue suspendida momentáneamente tras los efectos adversos que sufrieron dos menores tras recibir la segunda dosis.
Las reacciones adversas a la vacuna de Raquel y Carla, que ingresaron varias veces en la UCI del Hospital Clínico con convulsiones, somnolencia y pérdidas de conocimiento, marcó "un antes y un después" en el discurso mediático sobre la vacuna contra el VPH, señala la investigación.
En julio de 2009 se constituyó en Valencia la Asociación de Afectadas para atender la "necesidad de un grupo de familias de encontrar un tratamiento adecuado para curar a sus hijas de las secuelas" sufridas tras vacunarse.
Desde entonces, las familias se sienten "desamparadas por la Administración" porque en ningún caso ha hecho un seguimiento sobre los procesos que cursan las niñas, y "frustradas" al no saber qué está pasando, y reclaman un estudio epidemiológico coordinado a nivel autonómico y que la vacuna se retire del calendario oficial.
La actual directora general de Salud Pública de la Generalitat, Ana María García, ya se ha reunido en varias ocasiones con ellos para buscar respuestas y soluciones a sus problemas.
Otros testimonios recogidos en el estudio, como el de Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, señalan que la vacuna se introdujo en el calendario oficial porque los laboratorios "presionaron muchísimo" a la Administración. También el diputado de IU Gaspar Llamazares recuerda que en 2012 solicitó la retirada de la vacuna al morir una niña en Gijón tras recibir la segunda dosis de este producto.