El juez ha aceptado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que sigue contra el cura de la Parroquia de San Ginés de Madrid, José Luis Montes Toyos, y su hermano por presuntamente blanquear 14 millones de euros a través de un entramado societario en paraísos fiscales.

En una providencia, fechada el pasado 10 de febrero y a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, da por personada a la Abogacía del Estado como acusación en la causa.

Zamarriego había citado el pasado viernes a los hermanos Montes Hoyos como investigados pero tuvo que suspender la declaración tras aceptar una petición de ambos hermanos por "estar desinformados de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía suiza" por un presunto delito de blanqueo de capitales, país donde supuestamente depositaron el dinero.

El juez les había citado tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir la causa contra el sacerdote y su hermano por presuntamente blanquear dinero a través de un entramado societario en varios paraísos fiscales, que consiguieron tras la expropiación de una finca en Madrid de la familia Roca de Togores, para los cuales ejercían de abogado y capellán.

Y ahora su declaración puede tardar meses dado que los abogados de los dos hermanos han solicitado al juez que envíe una comisión rogatoria a Suiza para que la Fiscalía de este país remita toda la documentación de su investigación, han explicado fuentes jurídicas.

De hecho, la investigación contra el párroco y su hermano se ha reactivado a la luz de nuevas pruebas aportadas por las autoridades suizas, que han detectado movimientos de capitales vinculados a los hechos investigados por importe de millones de euros, en cuentas de bancos suizos cuyo beneficiario era José Luis Montes Hoyos.

Según consta en la ampliación de la querella de la familia, fue Carlos Montes, hermano del párroco, quien informó a su banco suizo de que los fondos ingresados tenían su origen en una expropiación en España, "lo que supone un indicio importante de que se ha lucrado personalmente con el dinero de la finca de Las Jaboneras".

La familia acusa a los hermanos de maniobrar para ocultar el verdadero valor de la finca -que iba a ser expropiada-, vender la sociedad que gestionaba dicho espacio por un precio muy bajo a un amigo suyo para luego recomprarla y recibir el pago del Consistorio por la expropiación final: 14,83 millones de euros.

Ambos hermanos trasladaron el dinero a cuentas en Luxemburgo y Suiza, mediante transferencias entre diversas sociedades pantalla, detrás de las cuales estaban los dos hermanos.