Un funcionario de Instituciones Penitenciarias fue agredido, sin motivo aparente, por un joven preso en la prisión de Tenerife II la tarde del pasado domingo. El trabajador recibió diferentes golpes en una de las salas del Módulo 4 de la cárcel y los hechos fueron grabados por una cámara de vigilancia, según explicó una de las fuentes consultadas ayer.

El suceso se produjo a las 16:40 horas aproximadamente, cuando se producía la apertura de celdas.

La misma fuente señaló que, según se aprecia en las imágenes, no hubo discusión ni problema previo entre los implicados.

Además, según se aprecia en el vídeo, presuntamente el preso esperó al trabajador y, tras aproximarse a la víctima de frente, le propinó diferentes puñetazos y patadas.

El funcionario trató de defenderse y, posteriormente, logró reducirlo y avisó a sus compañeros de módulo, hasta que inmovilizaron completamente al preso.

En el módulo 4 están, de forma mayoritaria, presos condenados y reincidentes.

Otra de las fuentes explicó que el trabajador tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios, puesto que sufrió golpes en la boca y en una rodilla.

Además, matiza que "la agresión no fue a más debido a la profesionalidad del funcionario, quien consiguió reducir al interno y avisar a más compañeros para su traslado al departamento de aislamiento, debido al estado de agitación y agresividad que presentaba".

En opinión de representantes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), "dicha agresión es un fiel reflejo de la falta de medios, tanto materiales como humanos, que se vive a día de hoy en los centros penitenciarios en general y, concretamente, en la prisión Tenerife II".

Desde el mencionado colectivo se aclara que, en el caso de la mencionada cárcel, situada en El Rosario, por la lejanía para los funcionarios originarios de la Península y la escasez de oferta de empleo público no se cubren las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Esa circunstancia supone "un verdadero problema" que se agudizará en los próximos años, debido al elevado número de funcionarios que se perderán una vez que se produzcan las jubilaciones correspondientes, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.

Esta organización sindical explicó durante la jornada de ayer que, a nivel general, el Gobierno del Estado ha reconocido en los últimos días que, a nivel nacional, existen unas 2.800 plazas de funcionarios de prisiones sin cubrir, lo que supone una merma de la seguridad en estos recintos.