La Policía ha detenido a 18 personas en Canarias y ha presentado cargos contra otras nueve por un presunto fraude que puede haber hurtado al erario más de 6,5 millones de euros, a través de un entramado destinado a descapitalizar empresas deudoras de la Seguridad Social.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, se acusa a los arrestados de haber descapitalizado empresas que debían diversas cantidades a la Seguridad Social trasladando sus elementos de producción a otras sociedades, utilizando como pantalla testaferros y compañías interpuestas para intentar ocultarlos.
En total, han sido investigadas 33 empresas y entre los implicados se encuentran sus administradores, así como testaferros y personas que colaboraron para que fuera posible el fraude.
Las investigaciones sobre esta trama comenzaron hace meses, al ser detectadas varias empresas fraudulentas en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, relata la Policía.
El Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, las dos direcciones provinciales de este organismo en Canarias y sus Inspecciones de Trabajo han proporcionado datos y documentos que ponen de manifiesto "el carácter fraudulento" de las empresas investigadas.
Una vez confirmada la existencia de esas irregularidades, la Policía coordinó diferentes operativos que han culminado con la detención de 18 personas y la investigación de otras nueve por delitos que van desde insolvencia punible y alzamiento de bienes, hasta fraude, cobro indebido de prestaciones y falsedad documental.
La Policía dice tener pruebas, por el momento, de ocho presuntos delitos contra la Seguridad Social, tres de insolvencias punibles, siete de alzamiento de bienes, tres de cobro indebido de prestaciones y dos de falsedad documental, con el resultado de un posible fraude al erario de 6.662.966 euros.
Los participantes en esta trama creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían las actividades que venía desarrollando las compañías deudoras, así como sus elementos patrimoniales.
La Policía sostiene que existía un "ánimo defraudatorio" en toda la operativa, en la que además se utilizaba "fraudulentamente la normativa laboral", con cesión irregular de mano de obra, contratas ficticias y facturaciones entre las mismas empresas.
De esta investigación se han ocupado agentes especializados en la Seguridad Social de la Unidad Central de Delitos Económicos de la Policía, con la colaboración con las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Además, han prestado ayuda el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y sus dos direcciones provinciales en Canarias.