La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a las 10 personas acusadas de introducir en Canarias tabaco de contrabando adulterado con diferentes sustancias, entre ellas heces de conejo, tras comprobarse que el tabaco se compró legalmente y que no hoy pruebas de la supuesta contaminación.

En una sentencia que publica hoy el "Diario de Avisos", la sección sexta de la Audiencia Provincial falla que el tabaco incautado en aquella operación, llevada a cabo en 2009, no era ilegal, que los empresarios tenían las facturas de compra y que además no era nocivo para la salud porque tuviera añadidos.

En noviembre de 2009, la Guardia Civil explicó en rueda de prensa que, como consecuencia de la "Operación Chester", había sido desarticulaba una organización que enviaba tabaco legal a Tenerife, donde supuestamente se adulteraba con heces de conejo.

Según los datos aportados entonces por el responsable de la comandancia de la provincia occidental, el teniente coronel Ricardo Arranz, en la operación fueron detenidas trece personas y se requisaron 1.618.963 cajetillas de tabaco y más de 1.400.000 euros supuestamente defraudados a Hacienda.

Entre los detenidos, todos españoles, había empresarios, distribuidores y funcionarios tanto del Estado como de la comunidad autónoma, a quienes se acusó de formar parte de una organización que enviaba desde China tabaco de contrabando a Tenerife.

El entonces subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, dijo que de los análisis realizados al tabaco se desprendía que tenía cantidades superiores a las permitidas de monóxido de carbono, metales pesados, alquitrán, nicotina y desechos correspondientes a excrementos de animales, en concreto heces de conejo.

La sentencia, que aún se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, absuelve a diez de las trece personas imputadas en un primer momento, porque que tres ya fueron exoneradas con anterioridad.

Recuerda el periódico que, de los trece detenidos, cinco eran funcionarios, dos policías portuarios, un trabajador de la Agencia Tributaria Canaria y dos funcionarios de Vigilancia de Aduanas, que fueron todos ellos suspendidos de empleo y sueldo.

También resalta que una agencia de aduanas tuvo problemas debido a que sus cuentas fueron embargadas.