Miembros de la Policía Local de Arona detuvieron a un compañero agente municipal que está acusado de un delito de apropiación indebida de dinero de forma continuada.

Según las fuentes consultadas en la jornada de ayer, el funcionario policial arrestado, de más de 50 años, trabajó hasta ayer en el departamento de cobro de las multas a ciudadanos.

Y, precisamente, ahora se le acusa de haberse apropiado de forma indebida de una importante suma de dinero procedente de las cantidades abonadas por algunos de las personas multadas en el municipio.

En base a la investigación efectuada por la propia Policía Local, el agente llevó a cabo la sustracción de dinero a lo largo de casi 10 años y se estima que el montante sustraído a las arcas del Ayuntamiento de Arona asciende a unos 20.000 euros aproximadamente.

Su arresto le fue comunicado nada más comenzar la jornada laboral, a las siete de la mañana, cuando un mando le leyó los derechos y los motivos del mismo.

La investigación comenzó en el momento en que un ciudadano, que fue multado en su momento y pagó la sanción, acudió a la sede del cuerpo de seguridad municipal para solicitar el certificado de que había abonado la cantidad estipulada.

Sin embargo, el documento justificativo de que había cumplido la sanción no apareció por ningún lado.

Hace poco más de una semana comenzaron las indagaciones para tratar de determinar si existía algún tipo de irregularidad y quién podía haberla llevado a cabo.

Esa labor consistió en un análisis y fiscalización de los acuses de recibo.

Y finalmente los responsables de las pesquisas concluyeron que el responsable de la supuesta apropiación indebida es un policía local que lleva más de 20 años destinado en esa sección del cuerpo.

En la mañana de ayer, después de la instrucción de las primeras diligencias, el agente arrestado fue trasladado hasta los calabozos de la Guardia Civil del puesto principal de Las Américas.

En breve está previsto que pase a disposición de la autoridad judicial.

Paralelamente, la Policía Local de Arona abrió un expediente sancionador al funcionario, al que también se le ha separado del servicio provisionalmente.

Todo indica que el agente se apropiaba de pequeñas cantidades periódicamente, aunque después de 10 años, el montante asciende a unos 20.000 euros, según las mencionadas fuentes.

Hace algo más de un año, la Concejalía de Seguridad de Granadilla inició un proceso similar y puso en conocimiento de un juez las supuestas irregularidades detectadas en el cobro de multas de tráfico por parte de la Policía Local.

El 2 de marzo de 2014, la edil de Seguridad, Guacimara González, no quiso hacer ningún tipo de acusación y remitió toda la documentación a la autoridad judicial.