José Miguel Mendoza Arzola, acusado de asesinar a su expareja en febrero de 2010 al darle 13 puñaladas ante los hijos de ambos, declaró ayer en la primera sesión del juicio que "mi intención era apuñalarla y acabar con ella", pero negó que actuara con ensañamiento para aumentarle el dolor deliberadamente. A preguntas de su abogado, Mendoza respondió que "estoy arrepentido de lo que he hecho", por todo, por quitarle la vida a Guacimara Rodríguez, por dejar a sus hijos sin su madre, por el daño causado a la madre y hermanos de la víctima, así como por "arruinarse" su vida.

Mendoza Arzola solo respondió a las preguntas hechas por la teniente fiscal Francisca Sánchez y su abogado defensor, a la vez que rechazó contestar al letrado de la acusación particular, Jesús Arencibia, así como a la abogada del Instituto Canario de Igualdad, que representa a la acusación particular. El acusado no supo aclarar cuánto llevaba en el paro cuando cometió el crimen y señaló que ingresó dos veces en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de La Candelaria "por enfermedad, por trastorno de la personalidad y depresión". La primera vez, en enero de 2010, ingirió cuatro paquetes de pastillas de antidepresivos cuando estaba con su hijo menor. Y esta circunstancia pudo ser el detonante del deterioro de la relación y la ruptura de la pareja. La segunda vez se produjo tres meses después. El acusado reconoció ayer que tenía "sospechas" de que la víctima "tenía otra relación y se lo preguntaba, pero no la vigilaba". Y eso ocurrió después de que él se quedara desempleado y su pareja ascendiera laboralmente.

Mendoza Arzola recordó con claridad cuáles fueron sus movimientos en la mañana de los hechos. Llevaba varios días sin dormir y con fuerte ansiedad. El portero automático no funcionaba en el bloque de Guacimara. Intentó abrir el portón, pero no pudo, y esperó a que saliera una vecina para entrar. Al verlo salir a su encuentro, la víctima se sorprendió, pero no pudo reaccionar y sufrió hasta 13 puñaladas de frente y por la espalda, a pesar de que la primera fue mortal de necesidad. Mendoza se quedó, según sus palabras, "en estado de shock; me fui a la plaza, me fumé un cigarro y después fui a la comisaría de Policía".

A su abogado le dijo que sufrió dos intentos de suicidio y aún sigue bajo el protocolo para evitar que se quite la vida en prisión.

Y respondió afirmativamente a las preguntas de su defensor sobre si sufre "un trastorno delirante paranoide, esquizoide y de la personalidad, con depresión severa".

El psiquiatra del centro de salud que lo atendía y una médico psiquiatra forense coincidieron al rechazar que Mendoza sufra una enfermedad mental y aclararon que el hecho de que dejara de tomar los ansiolíticos y antidepresivos no explica por sí solo que llegara a tal grado de agresividad como para cometer el crimen. La perito señaló que sufre trastorno adaptativo y rasgos de la personalidad, pero eso no significa que tenga trastorno de la personalidad, sino que afronta los problemas de forma diferente a la mayoría. Respecto a los intentos de suicidio, explicaron que eran formas de "llamar la atención" y para manipular a la fallecida. E indicaron que detectaron "pérdidas de memoria interesadas". La psiquiatra forense señaló que, en una entrevista, "estaba tranquilo y dijo que le estaba dando una crisis de ansiedad, pero esta no se manifestó". Dicha profesional estima que el "factor estresante inicial estuvo en sus problemas laborales y se agudizó en la pareja".

Ambos peritos dijeron que Mendoza Arzola tenía "herramientas para actuar de otra forma" y no matar a su expareja.

Además, la psiquiatra explicó que el acusado "trató de dar una imagen para dar pena, exagerando sus enfermedades y problemas". La sorpresa saltó ayer entre la familia de Guacimara, al descubrir que José Miguel tiene un hijo no reconocido de 25 años. El abogado defensor, Carlos Pérez-Godiño, dijo que "estoy defendiendo a un asesino y a una persona despreciable, que ha destruido cuatro vidas y las de varias familias". No obstante, apuntó que el procesado merece "una condena justa", que para Pérez-Godiño está en 15 años de prisión, frente a los 25 que piden la Fiscalía y la acusación particular y popular.