La Policía Nacional cifra en torno a unos 600.000 euros el fraude a la Seguridad Social que las responsables de la ONG "Mujeres por la Igualdad" de Melilla han podido realizar con la expedición de falsos salvoconductos para el tratamiento en la península de enfermos marroquíes.

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía, las investigaciones de la denominada "Operación Turco" comenzaron a finales de junio del 2010, a partir de la declaración hecha en A Coruña por una persona marroquí, que denunció que las responsables de la ONG le estaban amenazando por no pagar el importe acordado por el salvoconducto con el que había viajado a la península.

A lo largo de casi dos años y bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) han recabado las pruebas necesarias para involucrar a las dos máximas responsables de la ONG, actualmente en libertad bajo fianza.

El procedimiento que utilizaba esta supuesta red para sus actividades consistía en que las personas enfermas contactaban con ellas, bien directamente o bien a través de personas afines a la ONG, y, tras realizar los tramites necesarios para la obtención del salvoconducto, se les daban las indicaciones oportunas de lo que debían hacer al llegar a su destino, con la finalidad de obtener de forma gratuita el tratamiento médico que necesitaban.

Los viajes a la península de los enfermos, o, en ocasiones personas que fingían estarlo, se enmascaraban con citas en clínicas privadas donde, supuestamente, iban a costearse los tratamientos médicos de sus propios bolsillos.

Sin embargo, los pacientes no acudían a dichas citas, y sí lo hacían a los servicios de urgencias de la sanidad pública, tras haberse empadronado previamente.

En algunos casos, estos viajes no tuvieron un motivo sanitario, sino únicamente la finalidad de documentarse legalmente.

Como contrapartida, la ONG solicitaba a los beneficiarios de los salvoconductos distintas cantidades de dinero en concepto de donativos por haberles conseguido, de manera gratuita, unos tratamientos médicos de alto coste en la península con cargo de la Seguridad Social.

Las primeras estimaciones apuntan a un fraude inicial de 600.000 euros, pero no se descarta que esta cantidad pueda aumentar considerablemente a medida que se analice detalladamente la documentación incautada en los registros realizados.

A las dos dirigentes se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la Seguridad Social, estafa, extorsión, falsedad documental, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.