Habla con serenidad, pensando mucho lo que dice y sin atropellarse. Como científico que es, cuando tiene que hablar de un rastro genético ante un juez, no expone certezas absolutas, sino altas o bajas probabilidades. José Antonio Cuellas Arroyo es el director y alma máter de la sede del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Canarias, que está en Tenerife, junto a la Facultad de Medicina, y que depende del Ministerio de Justicia. Un centro que, entre otras muchas funciones, se encarga de analizar todas aquellas muestras recogidas en el lugar de un crimen o sobre un cadáver para desvelar cómo se produjo una muerte o quién pudo ser el autor de la misma. El próximo 12 de octubre, Día del Pilar, Cuellas recibirá la orden al Mérito de la Guardia Civil por su trayectoria profesional y su entrega para contribuir con sus conocimientos al esclarecimiento de muy diversos tipos de sucesos.

Los comienzos.- Cuellas nació en Vigo, donde vivió hasta los 12 años, y después se trasladó a Madrid, donde residió otros 13 años. En 1982 acabó la carrera de Medicina y decidió hacer su tesis con el doctor Tena en el laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Aquella experiencia fue determinante para elegir su trayectoria profesional. Un año después había aprobado las oposiciones a médico forense. Tenía que elegir un destino y optó por Tenerife. ¿Por qué? Por sus buenos recuerdos de los tres meses de instrucción del servicio militar en la base de Hoya Fría. Durante más de una década, José Antonio Cuellas ejerció como forense en juzgados de Santa Cruz, La Laguna y Güímar. Pero le faltaba algo. En muchas ocasiones, en Tenerife no podía realizar el proceso completo de su trabajo y las muestras debían ser enviadas a los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, Barcelona o Sevilla para poder ser analizadas convenientemente, con los problemas derivados de la lejanía del Archipiélago.

Voluntad y gestión.- Por eso, a comienzos de los 90, se dirigió al director de la institución, Manuel Sancho, y ambos llegaron a la conclusión de la necesidad de que Canarias tuviera un laboratorio propio y, a la vez complementario, con los de la Península. Cuellas agradece el apoyo que en aquel momento le brindaron los jueces destinados en el Archipiélago; el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Manuel Alcaide; Eligio Hernández, como vocal del Consejo General del Poder Judicial y como Fiscal General del Estado; Juan Alberto Belloch, como ministro de Justicia; Marisa Tejedor, como rectora de la Universidad de La Laguna, así como Adán Martín en el Cabildo y Lorenzo Olarte en el Gobierno canario, entre otras instituciones.

Primeros pasos del proyecto.- La orden ministerial de creación de la Delegación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en Canarias se aprobó en febrero de 1996 y, tras ser designado director, José Antonio recibió el encargo de seleccionar personal y equipamiento. En 1997 comenzó a funcionar este laboratorio de alta especialización con siete profesionales. En la actualidad, trabajan unos 21 funcionarios y pronto se incorporarán más. El primer caso se lo envió el fiscal Miguel Serrano, que en aquel momento llevaba la Fiscalía de Menores. No fue un asunto "mediático" y lo recuerda como una anécdota. Sencillamente, un menor estaba implicado en una posible intoxicación de otra persona tras verter diversos medicamentos en una botella de vino.

El caso de Marisa.- Cuellas define la entidad a la que pertenece como una "pieza más del engranaje del sistema judicial", cuyo mérito radica en tener una alta especialización y aplicar los procedimientos científicos al esclarecimiento de unos hechos para una mejor administración de la Justicia. Aclara que lo más satisfactorio de su trabajo es tratar de construir un pilar muy sólido de la prueba pericial sobre continuos avances científicos y su sistema de calidad. Una de las muertes violentas que quedan por esclarecer en la isla es la María Isabel Hernández, una vecina de San Juan de la Rambla cuyo cuerpo apareció flotando en el mar hace casi ocho años. El director del INTCF afirma que "se trata de un caso muy importante para nosotros, en el que estamos trabajando actualmente". Hasta ahora, en este asunto no hay testigos y por eso resulta clave hallar indicios del autor que quedaron en el cuerpo de la víctima. Cuellas manifiesta que el juez ha ordenado una ampliación de los informes hechos en 2004. Desde entonces, los procedimientos de investigación han mejorado y lo que a comienzos de la pasada década era lo más avanzado, "hoy está superado". Eso es así porque se pueden ampliar los perfiles genéticos, realizar nuevas extracciones de ADN y los perfiles obtenidos se introducen en bases de datos para su cotejo. José Antonio comenta que "el caso de Marisa está vivo" y figura entre las prioridades de su equipo.

Policías y forenses.- Las muestras recogidas por los forenses, que trabajan desde un punto de vista "macro", llegan al Instituto de Toxicología, donde se analizan desde una perspectiva "micro" y se complementa el trabajo de los primeros. Otras muestras que llegan son las tomadas por los grupos de Policía Judicial de las fuerzas de seguridad. Cuellas recuerda el caso de una mujer italiana que fue estrangulada en El Hierro. Evoca la astucia, profesionalidad y minuciosidad que tuvieron los guardias civiles de Policía Judicial para detectar un indicio que resultó clave en el esclarecimiento del caso. La acusación al autor se hizo en base a una pequeñísima y descolorida mancha de sangre que estaba en un lavabo.

Y, en ese momento, José Antonio Cuellas tiene un especial y emotivo recuerdo para un agente que participó en esa toma de indicios, Antonio Gómez, que falleció en septiembre del año pasado tras una larga trayectoria en la que participó en la investigación de numerosos crímenes.

análisis

Palabra de policía veterano

Las muestras analizadas en este laboratorio especializado de Canarias que más repercusión tienen en los medios están relacionadas con agresiones sexuales, homicidios o asesinatos, la intervención de alguna sustancia tóxica en un fallecimiento o las muertes súbitas, donde los investigadores deben determinar si hubo algún factor externo o, en ciertos casos, alguna anomalía genética en la víctima que, si se detecta, puede salvar la vida a otros familiares.

Hay ocasiones en que la labor del Instituto de Toxicología se limita a confirmar las evidencias halladas por los agentes en el lugar del suceso. Cuellas recuerda que, hace muchos años, acudió al levantamiento del cadáver de una mujer que supuestamente se había suicidado. De su boca salía una mezcla de líquido o vómito. Un policía local que ya está jubilado se le acercó y le dijo: "Fue una intoxicación con insecticida". El forense, sorprendido, le preguntó que por qué había llegado a esa conclusión. Y el agente se lo explicó: "Si se fija, junto al vómito hay moscas muertas". Y los análisis confirmaron que la mujer pereció por intoxicación con insecticida. El policía "clavó" el diagnóstico.