Un juez de Ferrol ha ordenado el ingreso en prisión provisional para siete personas detenidas la madrugada del miércoles al jueves acusados de pertenecer a una red de explotación sexual en varios locales de alterne y pisos donde se ejercía la prostitución en Ferrol, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además de estas siete personas, en la operación también fueron detenidas otras diez personas, de las que cuatro han quedado en libertad y seis serán expulsadas del país.

Dos de las siete personas que ingresarán de inmediato en la prisión provincial de Teixeiro son los cabecillas de las banda, padre e hijo, A.V.P y J.A.V.L, de 53 y 33 años, vecinos de Ferrol y Narón (A Coruña), que lideraban esta "organización criminal dedicada a la explotación sexual", en la que tenían a treinta mujeres sometidas, muchas de ellas, en situación irregular en el país.

Los otros cinco son M.V.F, F.R.G, E.M.F.S, J.R.G, y N.P.C.C, ciudadanos de Brasil con edades comprendidas entre los 29 y los 41 años. A todos, los siete que ingresan en prisión, se les imputan delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, según fuentes judiciales.

Fuentes policiales dan por "desarticulada la red de inmigración ilegal y de prostitución", encabezada por dos españoles, padre e hijo, que "a través de terceras personas y sociedades interpuestas controlaban tres clubes de alterne y dos pisos-prostíbulo", en el que ejercían la prostitución "una treintena de mujeres, en su mayoría de origen brasileño".

La investigación arrancó el pasado mes de octubre, tutelada por los juzgados ferrolanos, y en la redada, que se desarrolló entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 12, participaron agentes de la Policía Nacional de las brigadas de Extranjería de Madrid, A Coruña y Ferrol.

La policía registró un local de alterne de la calle Venezuela de Ferrol, otro en Narón, y varios pisos-prostíbulo camuflados como viviendas en la calle Ourense. Durante los registros, la policía se incautó de 6.000 euros en metálico, diversa documentación, joyas y una pistola eléctrica, prohibida por la legislación.

De acuerdo a las informaciones policiales, el perfil de las víctimas era "similar": mujer extranjera de origen humilde, en situación irregular, con cargas familiares en su país de origen y sin familia ni conocidos en España fuera del mundo de la prostitución, sin estudios y con nula cualificación para cualquier otro trabajo.

Recibían 25 de los 50 euros del precio fijado para una relación sexual. La mitad de sus ganancias debían entregarlas a los cabecillas de la trama.