Canarias fue en 2009 una de las comunidades españolas que menores tasas de condenas a menores de edad registraron, un indicador que en las islas se situó en 6,38 medidas judiciales por cada mil habitantes.

Cantabria fue la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de menores condenados, con 11,57 por cada mil habitantes, ya que el pasado año 2009 se registraron 226 sentencias en chicos entre 14 y 17 años.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Efe, tan sólo La Rioja, Castilla y León, Baleares y la Comunidad Valenciana superaron a Cantabria en el número de jóvenes a los que los jueces impuso medidas, con tasas de 18,17, 16,09, 14,54 y 12,31 menores condenados por cada mil habitantes, respectivamente.

Además, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla también superaron la tasa de Cantabria, con 38,86 y 12,55 menores condenados por cada mil habitantes.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid (6,33 por cada mil habitantes), Canarias (6,38) y Castilla-La Mancha (7,16), presentaron los valores más bajos.

Durante 2009, en Cantabria se contabilizaron 226 condenados entre 14 y 17 años y 325 infracciones penales de menores. La tasa de esas infracciones por cada mil habitantes fue de 16,63 y, por sexos, la inmensa mayoría fueron varones, un 87,2 por ciento, frente a las mujeres (12,7%).

Un 84,5 por ciento de los menores con condenas en Cantabria fueron españoles, mientras que un 9,5 por ciento procedieron de América, un 4,1 por ciento de África, un 0,75 por ciento de países de la Unión Europea, un 0,37 del resto de Europa y el mismo porcentaje de Asia.

La mayoría (33%) tenían 17 años, y a este grupo le siguieron el de 15 años (29,3%), 16 años (26,6%) y 14 años (casi un 11%).

Andalucía fue la comunidad autónoma con más menores condenados en el Registro en 2009, con 3.994, un 22,7 por ciento del total, y le siguieron la Comunidad Valenciana (2.429, un 13,8%) y Cataluña (2.211, 12,6%). Esta última comunidad fue la que registró un mayor número de menores extranjeros con condenas.

De las más de 24.350 medidas acordadas por los jueces españoles en 2009, las más frecuentes fueron la libertad vigilada (35% del total), las prestaciones en beneficio de la comunidad (20,1%) y la realización de tareas socio-educativas (12,7%).

Además, a medida que aumenta la edad del menor infractor los jueces dictaron con mayor frecuencia la realización de tareas socio-educativas (9,8% a los 14 años y 14,4% a los 17 años), y con menor asiduidad la libertad vigilada (39,9% a los 14 años y 31,6% a los 17 años).