Miembros del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un nuevo funcionario relacionado con el supuesto caso de corrupción detectado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de mayo. Con el nuevo arresto, que se produjo en el transcurso de la semana pasada, ya se elevan a siete los trabajadores del citado organismo público detenidos en el marco de la mencionada operación.
Dichos acusados fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, que dirige Nelson Díaz Frías, y quedaron imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, así como negociaciones prohibidas a funcionarios.
Además, los agentes también apresaron a otros seis particulares, entre ellos algún empresario radicado en Guía de Isora, que supuestamente tenían relación con la trama.
La investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación.
Además, debido a las características de los delitos y el marco donde se desarrollaban, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife también ha tomado parte en el caso, que fue adelantado por EL DÍA a finales de mayo.
Los días en que se hizo público el asunto de supuesta corrupción existió un gran desasosiego entre un número importantes de ciudadanos de Guía de Isora.
Permisos de Venezuela
En dicho municipio era "vox populi" que, si se pagaba una determinada cantidad de dinero, algunos expedientes sancionadores presuntamente desaparecían en la basura, la reducción de puntos del permiso de circulación supuestamente no llegaba a materializarse o, al parecer, el canje de permisos de conducción emitidos en Venezuela se agilizaba.
Cualquier persona que se sentara en terrazas de bares o restaurantes del núcleo de Playa San Juan podía escuchar conversaciones en las que alguien mostraba preocupación por cualquiera de los asuntos citados y su interlocutor le explicaba cómo podía "resolver" la situación con el pago de, por ejemplo, 300 ó 600 euros.
Y, tras la publicación del escándalo en los medios de comunicación, ese tipo de conversación fue escuchada por este periódico en la avenida marítima de la citada localidad isorana. Las pesquisas de los agentes comenzaron el pasado mes de noviembre.