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El Ayuntamiento de Tacoronte indemnizará a una trabajadora por modificar sus funciones

La empleada es además miembro del comité de empresa de la Corporación tacorontera y se le notificó un cambio de horario y de lugar de trabajo tras la presentación de una reclamación.

EL DÍA, S/C de Tenerife
12/mar/02 9:34 AM
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El pasado 28 de enero, el Juzgado de lo Social Número Uno de la Capital tinerfeña dictó una sentencia que condena al Ayuntamiento de Tacoronte a pagar 601,01 euros en concepto de indemnización a una trabajadora de la limpieza y miembro del comité de empresa.

Tal y como apunta Intersindical Canaria de Administraciones Públicas (IC), dicha trabajadora venía, desde hace más de cuatro años, prestando sus servicios en las labores de limpieza del edificio central del Ayuntamiento, sito en la plaza del Cristo tacorontera y, en horario de siete de la mañana a una de la tarde.

Según el sindicato, "como quiera que su contrato es de naturaleza fija discontinua, de forma que trabaja de septiembre a junio, quedando en el paro en los meses de julio y agosto, meses éstos en los que el Ayuntamiento no cierra, sino que continúa su actividad normal, la trabajadora presentó en agosto de 2001 un escrito ante la Inspección de Trabajo en reclamación de un contrato de doce meses al año para acomodarlo a la naturaleza real del servicio prestado. Además, la trabajadora es miembro del comité de empresa del Ayuntamiento y forma parte de la comisión negociadora que desde hace más de un año y medio viene negociando con la empresa un nuevo contrato colectivo".

A consecuencia de la reclamación de la trabajadora, el Ayuntamiento, el día 27 de agosto de 2001, le comunicó un escrito en el que, "de forma abusiva y sin dar más explicaciones, hace saber a la trabajadora que, a partir del día 1 de septiembre, debía incorporarse al colegio Guayonge en horario de dos a ocho de la tarde, sin tener en cuenta los derechos de la trabajadora", según IC.

La empleada presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social que ahora ha sido estimada en su integridad, aunque aún cabe interponer un recurso de súplica por parte del Ayuntamiento.

En la sentencia, el magistrado sostiene que "en el caso de autos ocurre que existen dos datos adicionales que sí convierten tales antecedentes en indicios - que ha existido vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora - . Son, de un lado, la proximidad temporal de la actuación de la actora y la reacción del Ayuntamiento (la denuncia presentada el 10 de agosto de 2001 y el Ayuntamiento traslada a la actora el día 27, sólo 19 días después y eso sin contar con el tiempo que tardaría el Ayuntamiento en enterarse de la denuncia) y además, la medida adoptada es gravemente perjudicial para la denunciante en cuanto a uno de sus aspectos que es el horario, especialmente al ser madre de hijos en edad escolar".

Asimismo, el juez entiende que ha lugar a resarcir a la trabajadora - que está representada por el letrado Miguel Ángel Díaz Palarea - por los daños morales ocasionados por la ilegal actuación del Ayuntamiento y lo condena a abonarle la cantidad de 601,01 euros (100 mil pesetas) en concepto de indemnización.

Según Intersindical Canaria, "esperamos que esta sentencia y otras que están en fase de preparación de la demanda muevan a la reflexión a los responsables políticos municipales y les hagan comprender que las relaciones laborales en el seno de la empresa son siempre más constructivas en un clima de paz laboral y de respeto a los derechos inviolables de los trabajadores".

Ante esta sentencia cabe recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.