"¿Puede la actual legislación mejorar las relaciones comerciales en la cadena alimentaria?". Ese fue el lema con el que la segunda edición de la jornada Reforzando el buen funcionamiento de la cadena alimentaria arrancó ayer en el Hotel Nivaria (La Laguna). Pero, al mismo tiempo, fue tan solo uno de los muchos interrogantes que se plantearon a modo de reflexión por parte de los representantes de uno de los sectores con más presencia e importancia dentro de la industria canaria, y que está "en el centro del debate en los últimos años", aseveraba uno de los ponentes asistentes.

En el acto estuvieron presentes, además del alcalde del Ayuntamiento José Alberto Díaz, varios portavoces del gremio y autoridades, entre los que se encontraban Rafael Hernández, presidente de COAG-Canarias; José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Jesús Morales, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, entre otros expertos.

El objeto de discusión fue la Ley de la Cadena Alimentaria, vigente desde hace cinco años, pionera a nivel europeo y que nació para equilibrar las diversas relaciones existentes entre los múltiples actores que intervienen en el sector: agricultores, ganaderos, distribuidores...

"¿La ley de regulación del funcionamiento de la cadena agroalimentaria contribuirá a resolver los problemas presentes actualmente en el mundillo, "¿Podemos mejorar aún más esa legislación?" o "¿Hemos detectado fallos en ella?" fueron las principales preguntas lanzadas al público.

La postura que se mantuvo fue que, pese a que se están produciendo cambios y mejorando las relaciones comerciales, aún hay muchas cosas en las que se puede avanzar, "a pesar de que lleva unos cuantos años en funcionamiento". "Queda mucho por hacer y también porque se conozca más la ley", afirmaban José Miguel Herrero y Rafael Hernández.

Dejar a un lado la venta en consigna, revalorizar la venta del agricultor, aumentar la eficacia y la competitividad del sector, discernir si la ley nacional realmente se ha adaptado o no a las singularidades del Archipiélago y seguir potenciando la creación de acuerdos que luchen porque los vínculos entre compradores y vendedores sean más justos, fueron algunos de los puntos en los que se puso el foco de debate en el coloquio.