El fiscal delegado de violencia de género y violencia doméstica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, asegura que la necesidad de parar las agresiones a mujeres es un "problema mundial", que también tiene incidencia en países europeos, donde se presupone que la educación es más eficaz, en base a los informes PISA, y donde el concepto de igualdad existe muchos años antes que en España. Sánchez-Jáuregui reconoce que Canarias tiene unos niveles de violencia machista superiores a la media española, pero advierte que una parte significativa de ese fenómeno está protagonizado por hombres que no se han educado en el país y, a los que, por tanto, no se ha podido dotar de una cultura de la prevención. Este representante del Ministerio Público no teme ser acusado de xenófobo, ya que manifiesta que los datos están ahí para corroborar su planteamiento.
Explica que el órgano judicial de Violencia sobre la mujer de Arona tiene una carga de trabajo "brutal". Hasta tal punto es así que el año pasado tramitó más procedimientos que los dos juzgados de Santa Cruz de Tenerife juntos. Y comenta que entre un tercio y la cuarta parte de los asuntos que lleva el de Arona están protagonizados por turistas que pasan una semana de vacaciones en el Sur de Tenerife. Y otra parte es atribuible a extranjeros que residen en la Isla; sin olvidar, evidentemente, a los españoles o canarios que son detenidos o investigados por ese motivo.
Sánchez-Jáuregui recalca que "el problema no es nuestro, es mundial". "Algo estamos haciendo mal, todos, no solamente en España o en Canarias", apunta.
Los casos de violencia de género entre turistas pueden ser detectados por agentes de los cuerpos de seguridad, trabajadores de los complejos turísticos o por otros clientes de estos alojamientos. En otras ocasiones son las propias víctimas quienes denuncian. La mayoría de los hombres con los que se interviene son británicos, alemanes e italianos, por ejemplo, aunque también puede haber rusos, magrebíes, sudamericanos o de los países nórdicos. Sobre los turistas o extranjeros residentes en el Sur, el fiscal recuerda que "no han sido educados en España, por lo que no podemos culpar a nuestro sistema de que las medidas de prevención no hayan funcionado". Pero advierte de que a esas personas foráneas también hay que reeducarlas y es muy importante que sus hijos no actúen de esa manera.
En el Juzgado de Violencia de Género de Arona hubo 1.063 casos en 2018. Este órgano desarrolló 608 juicios rápidos, en los que se plantearon 338 acusaciones. Unos 455 asuntos se tramitaron como diligencias previas.
El fiscal afirma que en el partido de Arona hace falta ya un nuevo juzgado de este ámbito, puesto que el actual está saturado y la magistrada, los fiscales y los funcionarios "hacen un trabajo increíble". Matiza que, además, en los casos de turistas o extranjeros residentes, muchos de ellos no hablan español, con lo que los trámites se deben hacer con intérpretes y eso retrasa considerablemente los procesos.