"Al leer la noticia en El Día se encendieron las alarmas porque es grave que miles de canarios en condiciones socioeconómicas delicadas se queden sin bono social para pagar el recibo de la luz por un error informático. Vamos a abrir una queja de oficio dirigiéndonos a la Dirección General de Consumo y Comercio al ser una competencia estatal. También al Defensor del Pueblo para saber si se trata de un problema global o solo ha afectado a Canarias". Lo aseguró ayer el Diputado del Común, Rafael Yanes, al valorar la denegación el pasado febrero de 26.110 solicitudes "por problemas de comprobación de la documentación introducida en su aplicación informática".

Yanes recordó que "ya en 2018 la institución recibió 19 quejas sobre el bono social para la luz aunque hacían referencia a la duda sobre qué administración debería concederlo, bien los ayuntamientos o bien la Comunidad Autónoma".

Añadió que "tenemos un convenio con el Defensor del Pueblo para que gestione la queja ante el órgano competente, en este caso el Ministerio de Industria".

El desplome en el número de beneficiarios del bono social eléctrico motivó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retocar el pasado mes de octubre el sistema de ayudas diseñado por el anterior Gobierno del PP. Un Real Decreto que entró en vigor el 7 de octubre amplió los límites al consumo sobre los que se aplicaba el descuento, aumentó los casos en los que los topes de renta pueden ser más elevados y mejoró el acceso para jubilados.

El Gobierno abrió la posibilidad de que los perceptores de las ayudas del viejo modelo pudiesen tramitar los nuevos descuentos a partir del 1 de enero de este año y sin fecha tope. Su derecho a solicitarlo no caduca siempre que se cumplan los nuevos requisitos.

El nuevo bono otorga descuentos del 25 por ciento, que pueden llegar al 40 por ciento, si se trata de hogares en situación de vulnerabilidad severa para viviendas con una potencia contratada inferior a diez kilovatios por hora; límites de renta en función del tamaño del hogar y condiciones especiales para jubilados con la pensión mínima o familias numerosas. Además se fijan límites mensuales de consumo de electricidad.

Los límites al consumo se incrementaron un 15 por ciento, con la posibilidad de compensar entre meses; a los jubilados se les permite tener ingresos de hasta 500 euros al margen de la pensión mínima que cobren; se incluyen condiciones específicas de renta para dependientes y familias monoparentales, que podrán superar en un 0,5 por ciento los límites de ingresos fijados para el resto de los hogares.

Otras medidas fueron la creación de un nuevo bono social para la calefacción; suspender el impuesto a la generación eléctrica y derogar el impuesto al sol en favor del autoconsumo eléctrico.

Los datos de este informe del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza son relativos a la comercializadora mayoritaria, Endesa.

LAS CIFRAS

26.110 peticiones de bono social eléctrico denegadas en febrero por error informático.

84.936 abonados anteriores a la entrada en vigor del nuevo bono el 7 de octubre de 2018.

26.643 nuevos abonados hasta el pasado 15 de febrero.

29.412 concesiones aprobadas, el 41,6%, 15.815, con categoría de vulnerable y otras 13.597 con la de vulnerable severo, para acordar los contratos con las comercializadoras que incluyen el bono social en Canarias; por contra 41.069 denegadas, el 58%.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, hizo entrega ayer del Informe Anual de 2018 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. En él aparece reflejada la actividad de la Institución durante el último período de gestión del organismo público. En cuanto a los datos arrojados, Yanes subrayó el incremento del 21% en los expedientes tramitados, en el que sobresalen los del Área de Igualdad y Violencia de Género, única en España, y los de las actuaciones de oficio que corresponden a las iniciativas del Diputado del Común en aquellos casos en los que no existen quejas previas de los ciudadanos y en los que puede haber un derecho fundamental vulnerado. Yanes destacó que la Dependencia es la asignatura que el Gobierno de Canarias sigue suspendiendo. "La ley establece unos plazos que, en muchas ocasiones, se multiplican por cuatro. Es necesario un impulso urgente que debe basarse en dos medidas: una es conseguir una mayor dotación de medios humanos y la otra, simplificar los trámites". El Diputado del Común declaró que el resultado de este informe es fruto del trabajo de dos equipos, ya que Jerónimo Saavedra lideró la Institución hasta el pasado 22 de junio. Destacó también la incorporación de los tres adjuntos, que han supuesto un impulso muy importante en la gestión. Yanes asegura que "es una fotografía real del sector más vulnerable de Canarias", en la que se recogen las inquietudes sociales de parte de la población. Ahora le corresponde al Parlamento hacer el estudio pormenorizado del Informe, a través de la Comisión Parlamentaria de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Por otro lado, el Diputado del Común mostró su apoyo a la Federación Española de Enfermedades Raras. La adjunta, Milagros Fuentes, se reunió con el representante territorial de FEDER, Sergio Barrera, coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Fuentes se puso al día sobre el incumplimiento del plan de desarrollo por el Gobierno regional. Barrera explicó que no existe un registro ni datos de cuantas personas sufren estas patologías.