Sindicatos y asociaciones de funcionarios de prisiones denuncian que las agresiones que sufren por parte de reclusos continúan, mientras la administración del Estado no ha adoptado medida alguna para mejorar su seguridad. Además, afirman que, con la convocatoria de elecciones para el Gobierno español, retrasará todavía más la aprobación del proyecto de ley para que se les considere agentes de la autoridad.

Rafael Paniza, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), recuerda que los ataques violentos a los empleados públicos de las cárceles se producen casi a diario.

Paniza recuerda que, en el centro penitenciario Puerto de Santa María 3, un interno rompió la nariz a un jefe de servicio. Y aclara que dicho recluso es reincidente a la hora de agredir al personal.

También menciona que en la prisión del Puerto de Santa María 1, un preso se atrincheró y provocó serios problemas a los funcionarios.

El representante de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones presentó ante la Dirección de la cárcel Tenerife II un escrito para que se mejorara la calidad de los guantes "anticorte" y "antipinchazos" de los empleados públicos, con el objetivo de mejorar su seguridad ante agresiones o intervenciones con reclusos muy violentos.

Dentro del apartado de recursos materiales, otra de las demandas pasa por disponer de uniformes acordes a la realidad penitenciaria. Cita que, hace algunos meses, un funcionario de la prisión situada en la zona de La Esperanza sufrió un grave mordisco en un gemelo a la hora de reducir a uno de los internos.

En opinión de Rafael Paniza, estos trabajadores, que también dependen del Ministerio del Interior, necesitan algo más que medios. Actualmente, una de las demandas "clave" del colectivo pasa por ser considerados agentes de la autoridad.

La consecuencia de esa medida es que, en caso de ser víctima de agresión por parte de algún preso, este no estaría acusado de lesiones, sino de un delito de atentado a agente de la autoridad, con lo que le puede caer una pena mucho mayor.

Según Paniza, actualmente, "casi les salen gratis" los ataques a los empleados públicos.

El representante de la APFP manifiesta que, en junio del pasado año, el Partido Popular intentó aprobar un proyecto de ley para considerar agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Sin embargo, esa iniciativa sufrió un retraso con la llegada del PSOE al Gobierno del Estado.

Ahora se volverá a retrasar, pues se han convocado elecciones generales para el 28 de abril.

Bernardo Fernández, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), señala que, después de las protestas y movilizaciones registradas en la segunda mitad del año pasado, los empleados públicos de prisiones no han logrado mejorar su situación en ninguno de los grandes puntos planteados a la Secretaría de Estado de Seguridad.

"Estamos hartos de las promesas de la oposición"

El representante del CSIF afirma que están "hartos" de las promesas que les hacen los partidos que están en la oposición". Señala que el PSOE, cuando no había accedido al Gobierno del Estado, también les aseguraba que mejoraría su situación laboral y profesional. Pero, al llegar al poder, en los meses en que ha estado en el mismo, no ha cumplido su palabra. Bernardo Fernández comenta que la principal reivindicación de los funcionarios es la mejora retributiva, que les permitiría cobrar igual que sus homólogos en las cárceles de Cataluña. El segundo apartado consiste en ser considerados agentes de la autoridad. El portavoz del CSIF dice que esa medida se puede lograr por un proyecto de ley, o bien con una modificación del Código Penal para que las agresiones a funcionarios tengan su propio tipo delictivo. Y la tercera es cubrir las plazas vacantes, "que están cifradas en 3.500".