Rambo se pateó Tenerife el pasado mes de noviembre. El rodaje de la quinta entrega de una saga que nació hace 26 años con "acorralado" alteró los latidos cotidianos de la Isla. Sobre todo, los de los conductores de la capital tinerfeña. Eso sí, mucho peor lo pasaron los usuarios de las vías y peatones que sufrieron las movilizaciones, en forma de interminables colas, de un sector del taxi con licencia para operar dentro de los límites municipales santacruceros.
Otro atasco, pero judicial, se localizó en torno al caso Grúas. Fernando Clavijo recriminó en público la falta de agilidad de la fiscalía a la hora de tomar una decisión. Esta respondió devolviendo las diligencias a La Laguna, pero ahí no acabó un cruce de declaraciones que avivó José Manuel Barragán, consejero de Justicia, Presidencia e Igualdad, argumentando que la situación del actual presidente "no puede condicionar los posibles pactos electorales porque no existe ningún indicio de corrupción".
Otro colapso administrativo se apreció en el arranque del penúltimo mes de 2018 en el Cabildo de La Palma. El ejecutivo canario insistió, de nuevo, en pedir los "recibos" del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) correspondiente a la anualidad de 2017. Esa no justificación puso en riesgo hasta 14,8 millones de euros. La parálisis que se creó desde la institución insular obligó a un cambio de estrategia en la que acabaron teniendo mucho protagonismo los alcaldes de la Isla Bonita. Primero, por la ausencia de algunos en una convocatoria liderada por Rosa Dávila, vicepresidenta del Gobierno de Canarias y responsable de la parcela de Hacienda, y posteriormente con un acuerdo a modo de parche para salvar una situación que se alargó durante varios meses.
Pero uno de los asuntos más polémicos del mes estaba a punto de estallar en la vertiente sur de Tenerife. La licitación "por decreto" de las obras de remodelación de las instalaciones aeroportuarias ubicadas en Granadilla de Abona por parte de AENA generó una situación de cabreo colectivo en toda la Isla. El ente público no consultó el "apaño" que iba a desarrollar en el Reina Sofía y, por supuesto, se encontró con varios posicionamientos en contra. El Cabildo, especialmente, mostró su negativa al proyecto y enseguida halló varios aliados en los alcaldes del sur y en el tejido socio-económico local. Juan Manuel García Ramos, diputado regional y presidente del PNC, focalizó su enfado alrededor de "un comportamiento colonial del Estado hacia las Islas", comentó el dirigente del Partido Nacionalista Canario en una entrevista concedida a EL DÍA.
Igual de "mosqueados" se quedaron los que confiaron en el Tribuna Superior (TS) en su intento de ganar a los bancos los gastos hipotecarios. Tras varias jornadas de reunión y división interna, los magistrados dieron la razón al más fuerte, es decir, que liberaron a las entidades financieras de tener que abonar esas cantidades. Eso, a la larga, derivó en una grave crisis en el Consejo General del Poder Judicial que aún sigue abierta en canal. Más festiva y colorista fue la maqueta en la que se mostró el desarrollo escénico carnavalero que montará Javier Caraballero en el recinto ferial: lo digital y lo real se darán la mano en una gigantesca pecera.
El mar en su estado natural se coló durante la tarde-noche del 17 de noviembre entre las calles de Garachico para anunciar una jornada dominical de destrozos. Un fuerte mar de leva generó daños valorados en más de un millón de euros -las aseguradoras no habían dicho absolutamente nada hasta la pasada semana- y tanto el ejecutivo de Canarias como el Cabildo declararon la situación de emergencias después de la visita que realizaron Clavijo y Alonso al núcleo poblacional de la Isla Baja. Igualmente, los destrozos fueron cuantiosos en Mesa del Mar y Bajamar.
Otra amenaza, esta vez administrativa, se detectó en la capital tinerfeña cuando el consistorio que dirige José Manuel Bermúdez amenazó con multar al Banco de Santander -en octubre Ayuntamiento y Cabildo retiraron 23 millones de euros de esa entidad como protesta por su política de viviendas- si no vallaba un solar que tiene excavado en Tíncer. Por el "aire" irá una macropasarela que el alcalde de Aguere, José Alberto Díaz, presentó a los colectivos vecinales del Padre Ancheta. Detrás de una visión futurista se esperan corregir los graves problemas de tráfico que existen en la zona.