La Comisión de Sanidad del Congreso dio ayer luz verde al informe de la ponencia sobre la ley de muerte digna planteada por Ciudadanos, que, finalmente, no establece un régimen sancionador común sino que lo deja en manos de las comunidades autónomas.

Las posibles sanciones contempladas en la ley era uno de los asuntos sobre los que había más discrepancia ya que Ciudadanos, autor inicial de la norma, defendía un régimen común, mientras el PSOE planteaba que fueran las comunidades las que tuvieran esa competencia, propuesta aceptada por la mayoría, en contra de la formación naranja y PP.

El informe de la ponencia para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida deberá ser debatido por el Pleno de la Cámara y enviado después al Senado.