Niñas con discapacidad esterilizadas con 12 años que ante la ausencia de embarazo quedan expuestas "a abuso sexual", mujeres que tras tener un hijo son sometidas a ligadura de trompas o a las que se les retira la custodia del niño, son ejemplos de vulneración de derechos denunciados ayer por Cermi-Mujeres coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Las leyes no garantizan la igualdad de derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y "esas carencias legales" las deja desprotegidas respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad y no discriminación, según un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que analiza la situación legal de 2,5 millones de mujeres con discapacidad que hay en España.

"Niñas que son sometidas a tratamientos hormonales para el control y retraso de la menstruación, otras esterilizadas con apenas 12 años que ante la ausencia de riesgo de embarazo están expuestas especialmente a abuso sexual y aquellas que son rechazadas del sistema educativo inclusivo en la ESO porque no se les puede prestar apoyo escolar cuando menstrúan", son imágenes que reflejan esa falta de protección legal, explicó Ana Peláez, vicepresidenta de Cermi-Mujeres.

El Comité, que agrupa a las principales organizaciones, entregó ayer el documento "Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2017" en el Palacio de la Moncloa a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

"Celebramos el 3 de diciembre con muchos déficit en materia de inclusión y un saldo negativo" en materia legislativa, explicó Peláez, quien lamentó la falta de una normativa general de igualdad y no discriminación, lo que "genera una desprotección legal al no haber sanciones y reparaciones ante casos de discriminación múltiple de mujeres y niñas con discapacidad".

La legislación actual no es suficiente para garantizar el acceso a la atención primaria inclusiva de calidad y tampoco garantiza plenamente "una atención inclusiva, durante el embarazo, el parto y el postparto", añadió.

Peláez desveló que han recibido testimonios de mujeres con discapacidad a las que tras una cesárea les han practicado una operación de ligadura de trompas.

Entidades del ámbito de la discapacidad lamentaron ayer que no se les haya consultado a la hora de redactar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, pues creen mejorable desde todo punto de vista el artículo que les concierne, indicó el presidente de CERMI Canarias, Francisco Javier Bencomo. El titular del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Canarias expresó esta opinión después de que en un acto celebrado para presentar el documento base por la discapacidad en Tenerife lamentase que no se les hubiere consultado cuando se redactó el artículo 16. En declaraciones a Efe Bencomo señaló que aunque ciertamente no es lo mismo elaborar una norma en este ámbito que la reforma del Estatuto, en su opinión hay una contradicción o inadecuación en el citado artículo, pues une en un mismo texto la condición de discapacidad y la de dependiente. Ambas podrían coincidir pero esto es la excepción y lamentablemente se identifican las dos situaciones, algo mejorable y que se podría haber resuelto de forma simple con dos artículos diferentes, añadió. Bencomo precisó que además la redacción es "sesgada" porque se alude en concreto al uso de la lengua de signos española, lo que supone un progreso al mencionar expresamente a las personas con sordera pero una discriminación respecto a otras situaciones de discapacidad. Asimismo indicó que en el Estatuto se indica que los poderes públicos promoverán activamente un sistema público en este ámbito y de supresión de las barreras físicas, cuando las más importantes son las legales y mentales.