Amnistía Internacional lamenta que España esté situada a la cola de los países europeos en número de denuncias por violencia sexual, cuatro cada día, y lo atribuye al miedo de las mujeres a no ser creídas y a la falta de políticas públicas, que hace que la atención sea diferente en función de cada comunidad.

Según la investigación Violencia sexual en España "Ya es hora de que me creas", las víctimas se sienten "invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas" porque se encuentran con un recorrido "lleno de obstáculos y prejuicios".

"Sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de las mujeres y de las niñas y sin recursos especializados para atenderlas", es la realidad que sufren estas víctimas presentada hoy por Esteban Beltrán, director de AI España.

Opina que "es necesario que esto cambie" porque se está viviendo "un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación y que el Estado no tome medidas para protegerlas".

La organización alerta de la atención desigual a las mujeres según la comunidad autónoma en la que se haya producido la violación u otro tipo de violencia sexual. "La atención y asistencia no puede ser una lotería", ha lamentado.

Expone que ninguna de las comunidades cuenta con "centros de atención en crisis", es decir, centros con personal multidisciplinar con especialización en violencia sexual, disponible las 24 horas de los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa y que los protocolos de coordinación son distintos en cada región.

"En algunas CCAA hay que pasar por la comisaría antes de ir al hospital, o en otras la atención forense solo se facilita después de denunciar", ha explicado.

En Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, mientras que en Madrid capital, hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, la Paz, para garantizar la presencia de personal forense, esto sin embargo, no es requisito necesario así en otras localidades de la comunidad.

Y en el caso de diez territorios (Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla) incluso carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

El miedo a no ser creídas, la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades colocan a España por debajo de la media europea en el número de denuncias presentadas por violencia sexual, en el puesto 25 de 32 (2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según Eurostat, mientras que en Suecia es de 56,8).

El informe detalla que entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior, un 28,5 % más que en el mismo periodo de 2017, unos datos que mantienen a España "a la cola de los países europeos en el número de denuncias presentadas", ha asegurado.

"Hay más sensibilización, por eso más mujeres se atreven a denunciar, pero no sabemos cómo terminan esos casos", ha valorado la investigadora Bárbara Tardón, autora del informe.

Amnistía señala que desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial).

"Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren e incluso las responsabiliza de las mismas", ha añadido Tardón.

Amnistía considera necesario y positivo el debate para la reforma del Código Penal de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establecen los estándares internacionales y específicamente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

También reclama formación de los profesionales que atienden a las víctimas, un protocolo común sanitario y garantizar la asistencia letrada gratuita.

"Denunciar a tu jefe o a tus padres es complicado", por eso es muy importante que estas víctimas reciban la atención y la protección adecuadas, concluye la investigadora.