Castilla y León, Extremadura y Asturias son las comunidades autónomas que se han comprometido a acoger más menores extranjeros no acompañados (menas) de otros territorios.
Así se desprende del reparto de los fondos que ayer aprobó el Consejo de Ministros a través de un real decreto para financiar con 40 millones de euros a las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el incremento de menas este año (desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018).
Por su lado, Andalucía, País Vasco y Cataluña son las que recibirán más fondos para hacer frente a este incremento, informó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en un comunicado.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, explicó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se han repartido 38 millones de euros entre las autonomías y se reservarán otros dos millones para gastos derivados para comunidades que sufran un incremento estacional de menas.
Canarias recibirá 433.500 euros para hacer frente al incremento en la llegada de menores no acompañados, que en los primeros nueve meses del año se cifró en 58.
El real decreto aprobado fija que aquellas comunidades que acojan a menores de otras autonomías recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.
Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
Dicho registro se elabora con información que remiten las comunidades y es el único oficial.
En total, las comunidades han tenido un incremento de llegada de menas de 4.835 y se comprometen a acoger 199 de otras comunidades. Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas porque no han registrado incremento de menas ni se han comprometido a acoger menores de otras comunidades.
Estas ayudas se dirigen a "sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre comunidades autónomas".
Celaá recordó que las autonomías son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.
De forma paralela al acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las comunidades, Fiscalía y ONG para "mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores".