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Critican las medidas urgentes contra el maltrato

Las asociaciones judiciales acusan al Gobierno de entrometerse en sus funciones al ampliar las formas de acreditar la condición de víctima de violencia machista.
Miríam Mejías (Efe), Madrid
22/ago/18 6:29 AM
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Las asociaciones judiciales alertan de que el Real Decreto ley por el que se amplían las formas de acreditar la condición de víctima de violencia machista, aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto, supone una intromisión en sus funciones, pues deja en manos de la Administración lo que es competencia de un juez.

Una sensación unánime entre las cuatro asociaciones de jueces, que ven con temor cómo se abre la puerta a otros agentes sociales para que tomen decisiones de especial transcendencia que deberían ser labor exclusiva de los magistrados. No entienden por qué se han modificado con tanta urgencia, en forma de Real Decreto y en pleno verano, varias leyes orgánicas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin el necesario consenso del Parlamento.

Hasta ahora, solo una resolución judicial o un informe de la Fiscalía podía acreditar una situación de violencia de género y, por tanto, la condición de víctima; con el polémico Real Decreto ley también se puede determinar con un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia machista.

Es decir, según explica a Efe Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), "se deja en manos de las administraciones la decisión de qué es y qué no es una víctima de violencia de género cuando debe ser el juez en un procedimiento judicial quien lo determine".

Esta asociación cree que el Real Decreto ley no ha sido "meditado" ni "debatido" en profundidad y por ello pide al Gobierno que lo retire y confía en que la oposición no lo ratifique en el Congreso. Aunque en general las asociaciones apoyan la necesidad de que se amplíe el significado de víctima de violencia de género y comprenden la intención de fortalecer las medidas contra esta lacra, no entienden ni la prisa ni la forma de hacerlo. A Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, es algo que no le "encaja del todo". "Colocar en el mismo plano un informe y una sentencia no es de recibo", señala Rodríguez, que cree que hay muchos derechos fundamentales en juego.

Con similar preocupación acogen desde la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) la modificación del Código Civil, por la que los menores expuestos a violencia de género no necesitan el permiso del padre para recibir atención psicológica.

Una medida que afecta de manera directa a la patria potestad y que, según Concepción Rodríguez, portavoz de FJI, debería ser "competencia exclusiva" de los tribunales. Rodríguez lamenta la falta de confianza en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y cree que aprobar estas medidas tan sensibles "a oscuras" vía Real Decreto lleva a una "pérdida de competencias de los jueces y de garantía jurisdiccional".